El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció la reconstrucción total de la policía municipal de Juchitán de Zaragoza, en respuesta a la pérdida de confianza de la ciudadanía. Esta decisión se produce en el contexto de un operativo militar y policial sin precedentes, tras la detención del expresidente municipal Miguel Ángel Sánchez Altamirano, quien enfrenta cargos por sus supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante una reunión con el comisionado municipal interino, Francisco Vásquez Jiménez, Jara Cruz confirmó que las Fuerzas Federales y estatales han asumido el control total de la seguridad pública en Juchitán, un municipio del Istmo de Tehuantepec que actualmente se encuentra entre los cinco más violentos de México.

El secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Félix Quiroz Javier, informó que el armamento de la policía local ha sido desarmado y retirado de manera preventiva. Este equipo permanecerá bajo resguardo estatal mientras se lleva a cabo la liquidación del expediente administrativo del exalcalde Sánchez Altamirano, quien está imputado por homicidio y extorsión, y se actualiza el acta con la nueva autoridad designada.

El comisionado Francisco Vásquez destacó que la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y las fuerzas especiales estatales se mantendrá en las calles de Juchitán “el tiempo que sea necesario”.

La intervención del Gobierno de Oaxaca en la policía de Juchitán pone de manifiesto la vulnerabilidad de los mandos municipales ante la infiltración de cárteles de la droga en la región. La captura de Miguel Ángel Sánchez Altamirano, señalado por la fiscalía federal como un enlace operativo del CJNG en una ruta clave para el tráfico de migrantes, armas y drogas, ha llevado a la aplicación de la Ley de Sistema Estatal de Seguridad Pública. Esta ley permite desarmar a la policía local en situaciones donde se presume la existencia de compromisos operativos entre agentes municipales y organizaciones delictivas.