México

Renuncia masiva en la Suprema Corte: ministros aseguran millonarias pensiones

Published

hace 1 año

Oct 31, 2024

staff

En un suceso inédito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se queda sin la mayoría de sus ministros tras la renuncia de ocho de ellos, quienes optaron por dejar su cargo antes de la histórica elección popular de jueces y magistrados, prevista para junio de 2025. Esta decisión asegura para ellos el acceso a una pensión vitalicia, conocida como «haber de retiro», que empezará a aplicarse en agosto de 2025.

Los ministros que se despiden son Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández. Los magistrados seguirán en funciones hasta el 31 de agosto de 2025. Mientras que las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz y Lenia Batres Guadarrama continúan en sus puestos, y el ministro Luis María Aguilar Morales termina su periodo en noviembre de este año.

**Los ministros y ministras que renunciaron a la Corte antes tendrán una pensión vitalicia.** Créditos: Especial

¿Cuánto ganarán los ministros como pensión?

Según el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los ministros retirados tienen derecho a una pensión equivalente al 100% de su salario mensual durante los primeros dos años y al 80% de este de por vida. La pensión también beneficia a sus familiares en caso de fallecimiento, aunque existen restricciones para cónyuges y descendientes mayores de edad.

La Ley establece, además, que durante los dos primeros an?os de haberse retirado del cargo, reciben las prestaciones relativas a aguinaldo, pago por riesgo y prima vacacional, despue?s de esos dos an?os, la u?nica prestacio?n que reciben anualmente es el aguinaldo.

Sin embargo, aquellos que no cumplieron los 15 años en el cargo reciben su pensión en proporción a sus años de servicio. Por ejemplo, el exministro Arturo Zaldívar, quien se retiró antes del plazo, recibe una cantidad ajustada conforme a su tiempo trabajado.

Cada ministro de la Corte recibe un salario neto mensual de 172 mil 379 pesos, según el manual de remuneraciones del Poder Judicial. La ministra presidenta obtiene un salario mayor, de 175 mil 660 pesos al mes, con un presupuesto anual de 3.7 millones de pesos, aunque su ingreso neto se reduce a 2.1 millones.

Las pensiones ministro por ministro tras su renuncia a la SCJN:

Las pensiones para cada ministro, calculadas en función de su tiempo en el cargo, quedarían de la siguiente manera:

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena: laboró 4 mil 350 días, recibirá 136 mil 955 pesos al mes

Javier Laynez Potisek: laboró 3 mil 246 días, recibirá 102 mil 134 pesos mensuales

Juan Luis González Alcántara Carrancá: laboró 2 mil 140 días, recibirá 67 mil 227 pesos al mes

Alberto Pérez Dayán: laboró 4 mil 348 días, recibirá 163 mil 868 pesos mensuales

Ana Margarita Ríos Farjat: laboró mil 790 días, recibirá 56 mil 367 pesos al mes

Jorge Mario Pardo Rebolledo: laboró 4 mil 411 días, recibirá 138 mil 765 pesos mensuales

Norma Piña Hernández: laboró 666 días, recibirá entre 20 mil 857 y 21 mil 254 pesos al mes

Luis María Aguilar Morales, quien cumplirá 15 años en diciembre, tendría derecho a una pensión completa de 172 mil 379 pesos mensuales.

Publicaciones Relacionadas:

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

Published

hace 21 horas

Dic 5, 2025

segundoasegundo

El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

Continuar Leyendo