México
Rescate a Pemex: Hacienda mete al país en nueva deuda millonaria
Hacienda lanza operación financiera para cubrir compromisos urgentes; analistas advierten que será insuficiente
El Gobierno federal anunció una nueva operación financiera que implicará un endeudamiento de hasta 10 mil millones de dólares, con el objetivo de rescatar la delicada situación de liquidez de Petróleos Mexicanos (Pemex). La Secretaría de Hacienda informó que los recursos se destinarán a que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones de corto plazo.
Según el comunicado oficial, la estrategia busca “mejorar la liquidez, optimizar el perfil de vencimientos, reducir pasivos y disminuir el costo financiero” de la petrolera estatal. Sin embargo, aunque los bonos que se emitirán —conocidos como P-Caps— no se consolidarán en la deuda de Pemex ni de la empresa como tal, sí constituirán deuda pública del Gobierno mexicano.
Aunque Hacienda no especificó montos ni plazos exactos, fuentes consultadas por Bloomberg indicaron que la emisión sería de entre 7 y 10 mil millones de dólares, con vencimiento estimado en agosto de 2030. Los instrumentos utilizados serán valores precapitalizados amortizables, respaldados por activos.
Pese a este esfuerzo, especialistas como Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, consideran que el rescate se queda corto. Según sus cálculos, Pemex enfrenta compromisos por 44 mil 300 millones de dólares en los próximos tres años, y solo en este 2025 debe pagar 21 mil millones.
“Ni siquiera alcanza para cubrir lo que Pemex le debe a sus proveedores”, advirtió Monroy, quien subraya que este tipo de operaciones solo ganan tiempo, pero no resuelven el problema estructural de la empresa.
La decisión de emitir deuda pública para apuntalar a Pemex revive el debate sobre el costo fiscal y el impacto a largo plazo que puede tener seguir rescatando a una empresa con pasivos crecientes, producción estancada y necesidad constante de apoyo gubernamental
México
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.
Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.
Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.
La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.
“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.
Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.
“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.
Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.
“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.
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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.
Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.
Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.
Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.
La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.
La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.
