Política

Respalda Cruz Pérez Cuéllar ‘política de no exclusión’ en Morena

El senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, se congratuló de la ‘política de no exclusión’ del dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para la selección de candidatos a la gubernatura por este instituto político.

Lo anterior, lo manifestó el senador morenista, luego de que el dirigente nacional manifestara que la encuesta es lo más viable para la selección de las candidaturas a la gubernatura, aclarando que será la comisión de encuestas y elecciones quien defina el método.

Pérez Cuéllar, coincidió con el líder nacional de Morena, en que, se debe realizar una consulta ciudadana para tener un candidato fuerte con gran apoyo popular, pero garantizando piso parejo y la no exclusión.

El senador chihuahuense, destacó que esta apertura garantiza que nadie sea excluido de la contienda, y a la vez, obliga a que sea un proceso bien realizado, con criterios científicos rigurosos, en donde se refleje el verdadero conocimiento y la aceptación que tenga cada uno de los aspirantes

Explicó que este procedimiento garantizará, que el abanderado sea aquel que tenga las mayores posibilidades de éxito, la persona más competitiva para ganar la contienda constitucional, pero además, representa un gran ejercicio para incentivar que la militancia participe de manera activa.

“Yo apoyo la visión del dirigente nacional, desde luego que respeto lo que decida la comisión de encuestas y elecciones, porque además lo que dice Ramírez Cuéllar, esta apegado a los estatutos, que hablan de resolver el tema a través de una encuesta a población abierta” expresó Cruz Pérez Cuéllar.

Agregó que la perspectiva abierta del dirigente nacional, busca no excluir a nadie del proceso interno, porque se vive en un país democrático en el que se defiende la soberanía y el derecho de los ciudadanos a elegir -en este caso- a sus candidatos.

Política

Simulación en representación indígena en la Cámara de Diputados, revela estudio de la UNAM

Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha puesto de manifiesto una grave irregularidad en la representación indígena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados. A pesar de que las autoridades electorales y las bancadas políticas destacan esta legislatura como la más plural e incluyente en la historia del país, los datos revelan un mecanismo sistemático de simulación y usurpación en la asignación de curules. De los 49 legisladores clasificados como indígenas, solo 10 cuentan con una representación auténtica en sus comunidades, mientras que el resto obtuvo sus candidaturas a través de intercambios de favores, dádivas y promesas de obras públicas.

El informe, titulado “Evaluación de la eficacia de las acciones afirmativas en candidaturas federales (2018-2024)”, expone la discrepancia entre la normativa y la práctica real. Los investigadores concluyen que los partidos políticos han transformado las acciones afirmativas, que deberían servir para reparar deudas históricas con sectores vulnerables, en una herramienta para colocar a cuadros de élite y operadores tradicionales en posiciones de poder.

Uno de los hallazgos más significativos del análisis es la situación de las curules destinadas a los pueblos y comunidades originarias. Aunque la normativa electoral asignó formalmente 49 espacios para la representación indígena en el Congreso federal, los testimonios recabados entre legisladores, autoridades comunitarias y expertos indican que solo alrededor de 10 diputados tienen una verdadera adscripción e identidad comunitaria.

El informe documenta cómo las maquinarias partidistas han convertido el requisito de la “autoadscripción calificada” en un mercado de favores, lo que ha permitido la asignación de los 39 escaños restantes a candidatos ajenos a las comunidades. Para registrar a estos candidatos, las dirigencias de los partidos han recurrido a la obtención de constancias apócrifas o a la tramitación de estas mediante dádivas, promesas de obras públicas o favores políticos a autoridades locales.

Este estudio pone en evidencia la necesidad de revisar y reformar los mecanismos de representación indígena en el Congreso, para garantizar que realmente se cumpla con el objetivo de inclusión y representación de las comunidades originarias en la política mexicana.