Hasta 50 personas se encuentran desaparecidas después de iniciar viajes de tres horas en automóvil este año entre la urbe industrial mexicana de Monterrey y la ciudad de Nuevo Laredo, fronteriza con Estados Unidos, en un tramo de carretera muy transitado que los medios de comunicación locales han bautizado como “la carretera de la muerte”.

Sus parientes afirman que simplemente se desvanecieron. Tales desapariciones y el tiroteo de la semana pasada contra 15 transeúntes aparentemente inocentes en Reynosa, indican que México está volviendo a los días oscuros de la guerra contra el narcotráfico de 2006 a 2012, cuando los pistoleros de los cárteles solían atacar tanto a personas comunes y corrientes como entre ellos mismos.

“Ya no es entre ellos, los cárteles están atacando a la ciudadanía”, aseguró la activista Angélica Orozco.

Se cree que hasta media docena de los desaparecidos en la carretera son ciudadanos o residentes de Estados Unidos, aunque la embajada estadounidense en México no pudo confirmar su estatus. Uno de ellos, José de Jesús Gómez, residente de Irving, Texas, supuestamente desapareció en esa carretera el 3 de junio.

El sábado, la oficina del FBI en San Antonio, Texas, publicó un boletín solicitando información sobre la desaparición de Gladys Pérez Sánchez, una mujer de Laredo, Texas, su hijo de 16 años y su hija de nueve, quienes fueron vistos por última vez el 13 de junio cuando tomaron la carretera. Habían visitado a familiares en Sabinas Hidalgo, un pueblo en la carretera, y regresaban a Texas cuando desaparecieron.

Desde hace mucho tiempo, Nuevo Laredo ha estado dominada por el Cártel del Noreste, un remanente del antiguo Cártel de los Zetas, cuyos miembros eran conocidos por su violencia. (Foto: EFE/STR)

Se cree que la mayoría de las víctimas desaparecieron al acercarse o salir de Nuevo Laredo,, ciudad dominada por los cárteles y que hace frontera con Laredo, Texas. Alrededor de media docena de hombres han reaparecido vivos, golpeados salvajemente, y lo único que dijeron es que hombres armados los obligaron a detenerse en la carretera y se llevaron sus vehículos.

Lo que le sucedió al resto, incluida una mujer y sus dos hijos pequeños, sigue siendo un misterio. La mayoría eran residentes del estado de Nuevo León, donde se encuentra Monterrey. Desesperados por respuestas, familiares de los desaparecidos tomaron las calles de Monterrey el jueves para protestar, exigiendo respuestas.

Orozco, miembro de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, dijo que los secuestros parecen marcar un regreso a los peores días de la guerra contra las drogas en México, como en 2011, cuando hombres armados de un cártel del vecino estado de Tamaulipas sacaron a pasajeros inocentes de autobuses para que lucharan entre sí hasta la muerte con mazos.

Entonces, como ahora, políticos y fiscales han dado pocas respuestas a las familias de los desaparecidos.

“Ya después de las desapariciones del 2010-2011, no pueden seguir con las mismas excusas de hace 10 años”, dijo Orozco. Sin embargo, agregó, “siguen con el mismo discurso”.

“Se supone que han creado instituciones, procedimientos, pero se repite la historia de que las autoridades no hacen nada”, lamentó.

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos emitió un comunicado de prensa el 19 de mayo advirtiendo sobre los peligros de la carretera entre Monterrey y Nuevo Laredo, cuando para mediados de mayo el grupo sólo había recibido unos 10 reportes de personas desaparecidas ahí. Llegaron más reportes en junio y ahora alcanzan aproximadamente 50.

(Foto: Cuartoscuro)

El gobierno del estado de Nuevo León reconoció 10 días después que había recibido reportes de 14 personas desaparecidas en la carretera en lo que iba de 2021, junto con cinco más en el estado colindante de Tamaulipas, donde se ubica Nuevo Laredo.

Sin embargo, Nuevo León no advirtió a las personas que viajaban en la carretera hasta el 23 de junio, casi un mes después.

La advertencia llegó demasiado tarde para Gómez y para Javier Toto Cagal, un conductor de camión de 36 años y padre de cinco hijos que desapareció el 3 de junio junto con otros tres empleados de la misma empresa de transporte en el tramo de 220 kilómetros (135 millas). Conducían a Nuevo Laredo en un auto.

“Hasta ahorita, no saben nada de ellos… Está muy turbio”, dijo Erma Fiscal Jara, la esposa de Toto Cagal. “Fue hasta el 5 de junio que me comunicó la empresa que ‘su esposo está desaparecido’. Con las autoridades, hasta ahora nada. Pregunto y dicen ‘no sabemos’”.

Incluso tras reconocer los secuestros, el gobierno del estado de Nuevo León insinuó que era problema del vecino Tamaulipas. El gobierno de Nuevo León también dio información confusa, diciendo primero que habían rescatado a 17 personas después de los secuestros en la carretera, pero luego reconociendo que esas personas habían llegado a casa por su cuenta.

No fue hasta el viernes que ambos gobiernos anunciaron un programa conjunto para aumentar la vigilancia y seguridad en la carretera, una medida que, de haberse implementado un mes antes, probablemente habría salvado docenas de vidas.

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos emitió un comunicado de prensa el 19 de mayo advirtiendo sobre los peligros de la carretera entre Monterrey y Nuevo Laredo (Foto: EFE)

“La Guardia Nacional apenas va a vigilar la carretera. No sé por qué esperaron tanto”, preguntó Karla Moreno, cuyo esposo, el conductor de camión Artemio Moreno, desapareció el 13 de abril en la autopista.

Ella, también, está aterrorizada de que el norte de México repita las experiencias de hace una década.

“¿Cómo puede estar pasando esto? Ahorita ya se supone que hay más recursos (policías)”, comentó.

Desde hace mucho tiempo, Nuevo Laredo ha estado dominada por el Cártel del Noreste, un remanente del antiguo Cártel de los Zetas, cuyos miembros eran conocidos por su violencia.

Alejandro Hope, analista de seguridad de México, dijo que las desapariciones en la carretera y los eventos del 19 de junio en Reynosa —cuando hombres armados de cárteles rivales condujeron por las calles matando al azar a 15 transeúntes— recordaron a los ataques contra civiles durante la guerra contra las drogas de 2006 a 2012.