Política
Reyes Baeza y otros exgobernadores frenan reelección de Alito Moreno en el PRI
La corriente Frente Amplio por la Renovación alertó de la intención de Alejandro Moreno de cambiar los estatutos para reelegirse.
De acuerdo con Reforma, la corriente Frente Amplio por la Renovación exigió la renuncia de Alejandro Moreno a la presidencia del partido, y se pronunció por pausar la Asamblea Nacional, convocada para el próximo domingo 7 de julio.
“Pedimos con firmeza lo siguiente: posición de la 24 Asamblea Nacional, recientemente convocada, para que se dé cuenta luego de que en el mes de agosto concluya el improrrogable mandato de la actual dirigencia”, expresaron.
En el escrito que difundieron, señalan que es indispensable la separación de la actual dirigencia “dada la dimensión de la grave crisis que vive el partido y por las cruciales transformaciones que éste requiere para seguir siendo una opción políticamente viable”.
Además, los priistas disidentes resaltan que en 2024, la dirigencia de “Alito” Moreno dio los peores resultados electorales de su historia, tanto por los votos recibidos como por los cargos alcanzados.
“El ejercicio de un liderazgo excluyente se convirtió con frecuencia en factor de división que propició el alejamiento o renuncia a cuadros valiosos, e incluso se procedió a expulsar a muchos de quienes no coincidían o desaprobaban el quehacer político de la dirigencia”, reclaman los priistas que se oponen a “Alito” Moreno.
¿Quiénes exigen su renuncia?
La corriente Frente Amplio por la Renovación se integra por exlegisladores y exgobernadores del PRI como:
- Dulce María Sauri, exlíder nacional del PRI y quien es vocera de la corriente
- Natividad González, exgobernador de Nuevo León
- José Reyes Baeza, exgobernador de Chihuahua
- Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero
¿Qué proponen?
En su escrito, la corriente encabezada por Dulce María Sauri pidió la designación democrática de una dirigencia interna, compuesta por un grupo de “cuadros de prestigio y reconocimiento” para que conduzca los trabajos de la próxima Asamblea y las reflexiones y cambios de fondo que requiere el partido.
Además, refieren que el PRI debe de recomponerse o refundarse para resurgir y volver a sus principios de “democracia y justicia social”.
“El PRI, un partido casi centenario, ahora seriamente debilitado, debe repensarse, recomponerse o reembolsarse, para poder resurgir y hacer realidad, ante los nuevos escenarios que experimenta la vida nacional, los verdaderos principios de Democracia y Justicia Social que le dieron origen”, señalan los integrantes de la disidencia tricolor.
Política
PAN prepara nueva iniciativa electoral tras resolución de la SCJN
Alfredo Chávez Madrid aseguró que el Congreso de Chihuahua acatará el fallo, pero buscará conservar medidas contra la injerencia del crimen organizado y atender los señalamientos sobre nepotismo e intervención extranjera
Chihuahua .- Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma electoral de Chihuahua, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, anunció que la bancada presentaría ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado una nueva iniciativa para adecuar la legislación a los criterios establecidos por el máximo tribunal.
El legislador afirmó que, aunque el PAN mantiene una postura crítica respecto a algunos aspectos del fallo, respetará la determinación judicial y realizará las modificaciones correspondientes dentro del plazo establecido. “Como siempre hemos sido demócratas y creemos en el Estado de derecho, vamos a acatar la sentencia de la Corte. La Corte nos ha obligado a legislar y lo vamos a hacer en tiempo y forma”, declaró.
Entre los ajustes contemplados se encuentran disposiciones relacionadas con la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral, así como las adecuaciones necesarias en materia de nepotismo electoral. De acuerdo con Chávez Madrid, la propuesta buscará mantener mecanismos destinados a evitar que organizaciones criminales tengan influencia en partidos políticos, candidaturas o procesos electorales, aunque bajo los parámetros fijados por la SCJN.
La Corte invalidó, entre otros puntos, disposiciones que permitían establecer consecuencias electorales a aspirantes, precandidatos o candidatos por actos ilícitos cometidos por terceras personas cuando no se acreditara responsabilidad propia. El criterio se sustentó en principios como culpabilidad, presunción de inocencia y legalidad, mientras que se mantuvieron las sanciones cuando las conductas sean realizadas directamente por la persona candidata o aspirante.
Chávez Madrid cuestionó particularmente esta parte de la resolución, al considerar que limita uno de los componentes centrales de la reforma aprobada en Chihuahua. Desde su perspectiva, la intervención de grupos delictivos en una elección podría darse mediante financiamiento, imposición de candidaturas, participación durante los comicios o acuerdos posteriores con autoridades electas, por lo que sostuvo que el Congreso debe conservar herramientas para enfrentar esos escenarios.
El coordinador panista también criticó a Morena por haber impugnado ante la Suprema Corte algunas de las disposiciones de la reforma. Durante su posicionamiento, afirmó que dicha impugnación demuestra, desde su perspectiva, una defensa de los intereses del crimen organizado en Chihuahua. Ese señalamiento corresponde a la postura política expresada por el legislador y no constituye una conclusión de la SCJN.
Pese a sus cuestionamientos, el diputado reiteró que la bancada panista cumplirá con la resolución y presentará una propuesta ajustada al marco constitucional. “Esta legislación, compañeros, compañeras, no es del PAN, no es para el PAN”, sostuvo, al insistir en que las medidas deben aplicarse a cualquier fuerza política o candidatura cuando se actualicen los supuestos previstos por la ley.
Con la nueva iniciativa, el Congreso de Chihuahua buscará armonizar la legislación electoral con los criterios establecidos por la Suprema Corte, mientras el PAN pretende conservar disposiciones orientadas a impedir la intervención de organizaciones criminales en los procesos electorales, pero dentro de los límites constitucionales determinados por el máximo tribunal.
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