El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, presentó una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presunta persecución política, de acuerdo con un comunicado difundido por el conglomerado empresarial.

La acción se formalizó durante una reunión celebrada en la sede de la Organización de los Estados Americanos, en Washington D.C., entre Salinas Pliego y Pedro Vaca, relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. En ese encuentro, el empresario expuso una serie de señalamientos que, según el documento, configuran una estrategia coordinada de presión desde distintas instancias del Estado.

La denuncia sostiene que existe una persecución fiscal, judicial y administrativa orientada a restringir la libertad de expresión y la participación del empresario en el debate público, lo que, afirma el comunicado, constituiría una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Durante la conversación, Salinas Pliego explicó lo que considera herramientas de represalia empleadas por el Estado, entre ellas la criminalización de la crítica. Grupo Salinas señaló que ha documentado un uso presunto de medios de comunicación y vocerías oficiales para afectar la reputación del empresario y de sus empresas, con el objetivo de silenciar la disidencia.

Otra de las prácticas señaladas fue el hostigamiento administrativo. El grupo empresarial afirmó que sus compañías han sido sometidas a auditorías excesivas por parte del aparato institucional del Estado, las cuales, aseguró, se duplicaron durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en comparación con periodos anteriores.

El comunicado también hizo referencia a lo que calificó como captura del Poder Judicial. En ese contexto, se mencionó la existencia de un documento que advierte que la reciente reforma judicial en México ha erosionado la independencia de los tribunales, lo que, según el planteamiento presentado, deja a los ciudadanos sin acceso a una justicia imparcial frente a posibles abusos del Ejecutivo.

En materia fiscal, Salinas Pliego señaló un uso político del aparato recaudatorio. Afirmó que, pese a su disposición para resolver obligaciones tributarias conforme a la ley, ha enfrentado negativas y un trato discriminatorio, lo que, a su juicio, revela un fin coercitivo y no recaudatorio.

Grupo Salinas consideró que el caso trasciende lo personal y lo definió como una advertencia sobre una crisis institucional en México. En el cierre del comunicado, se informó que se solicitó a la CIDH declarar la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordenar garantías de no repetición que restablezcan la independencia judicial y protejan la libertad de expresión y el derecho de propiedad en el país.