La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera en contra de un apercibimiento consistente en un arresto administrativo de 24 horas con la posibilidad de extenderlo a 36 horas, derivado de un laudo laboral.
El asunto inició en 2002, cuando la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un lado en el juicio laboral 3207/00 en el que condenó al entonces jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador a reconocer la base de plaza de profesional en administración a una persona que laboraba en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, así como al pago de cuotas y prestaciones a nombres del ISSSTE, fondo de ahorro capitalizable y sistema de ahorro para el retiro.
Al no ser impugnado el laudo, quedó firme y a partir de ahí, el quejoso demandó el cumplimiento del mismo. Ese año, la Corte requirió el cumplimiento del laudo al jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador.
En 2014, el gobierno capitalino impugnó la decisión, vía amparo directo, el cual fue desechado.
Ante esa situación, la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje hizo el apercibimiento al jefe de gobierno; sin embargo, la segunda sala de la SCJN amparó a Mancera con el argumento de que la ley “sólo autoriza la imposición de multas hasta por mil pesos como medida cautelar».
Es decir, la primera sala del Tribunal Federal no está facultado para imponer ese tipo de sanciones, por lo tanto, el apercibimiento fue ilegal.

La Jornada