A través de un comunicado, explicó que es necesario que el máximo tribunal pondere el interés superior de la niñez al señalar que la decisión de Chihuahua de frenar los libros genera grave discriminación en contra de ellos y vulnera su derecho a la educación.

“Debe desecharse de plano dicha controversia, ya que se demuestra que la Consejería Jurídica del estado de Chihuahua ha mentido. Afirma que, por primera vez, recibió para su distribución los libros de texto gratuitos el 20 de julio de 2023. Lo cierto es que la primera entrega se le hizo el 21 de mayo de 2023. Eso hace extemporánea su demanda”.

La Consejería del Ejecutivo federal acusa también al gobierno de Chihuahua de intentar engañar a la Corte al referir lineamientos para selección, adquisición y distribución de libros de texto gratuitos, como si éstos se refirieran a todos los libros de texto, cuando sólo es para los de nivel secundaria, situación que se oculta “para hacer caer en el error a los juzgadores”.

Argumenta además que está demostrado que el Poder Ejecutivo, a través de la SEP, cumplió con la celebración de asambleas, foros y reuniones con todas las entidades y otros actores sociales involucrados con la educación.

“También en esto miente el gobierno de Chihuahua. Hay pruebas irrefutables de su participación en la asamblea convocada por la SEP, en Ciudad Juárez, Chihuahua, los días 24 y 25 de marzo de 2022”.