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México

Se enfrentan policías y padres de los 43 en Iguala

A 11 días de que se cumplan 10 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres de los muchachos y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, protestaron en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala, lo que generó jaloneos entre militares y activistas.

Los manifestantes, portando carteles con el rostro y nombre de los desaparecidos, derribaron vallas metálicas y una puerta; en respuesta, fueron replegados por policías que usaban equipo antimotín.

Felipe de la Cruz, vocero del movimiento, señaló que la protesta obedece a la exigencia al Gobierno Federal para que permita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) abrir los cuarteles del Ejército y entrevistas a los mandos militares que estuvieron presentes la noche del 26 de septiembre pasado, cuando desaparecieron los estudiantes.

Tras minutos de gritos y tensión, y luego de que los policías militares dispararan gases al aire para disipar a los activistas, los padres decidieron enfilarse hacia el centro de Iguala, donde está el ayuntamiento que destruyeron como parte de sus propuestas, mismo que está en reparación, para concluir la actividad con un mitin.

Los inconformes recordaron que casi se cumple un año sin que la Procuraduría General de la República (PGR) les diga con claridad dónde están sus hijos, y coincidieron en que es una falsedad todo lo que les han dicho hasta ahora. Consideran que sólo los expertos de la CIDH les podrán dar mayores datos de los desaparecidos.

El Universal

México

Sheinbaum descarta pruebas contra Maru Campos en caso Jáuregui

Sheinbaum descarta pruebas contra Maru Campos en caso Jáuregui

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que, hasta donde tiene conocimiento, la Fiscalía General de la República no posee pruebas que involucren directamente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, en el caso relacionado con el exfiscal César Jáuregui Moreno. La declaración se dio durante una conferencia de prensa en respuesta a una pregunta del periodista Manuel Pedrero sobre la posible implicación de la gobernadora en las investigaciones que surgieron tras el operativo realizado en El Pinal y la posterior detención de Jáuregui.

Sheinbaum recordó que la primera imputación contra Jáuregui fue solicitada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que pidió una orden de aprehensión por delitos del fuero común relacionados con el operativo. “No tienen, hasta donde yo sé, y si no que lo aclare la fiscal, alguna prueba de que haya sido directamente la gobernadora”, indicó la mandataria.

La presidenta subrayó que corresponde a las fiscalías aclarar el alcance de las investigaciones y determinar responsabilidades, especialmente en relación con los señalamientos sobre la participación de personas extranjeras en el operativo de abril. Además, mencionó que la Fiscalía General de la República abrió una causa federal contra Jáuregui por hechos que podrían constituir el delito de traición a la patria, vinculados a la presunta intervención de extranjeros sin autorización en territorio nacional.

Sheinbaum evitó adelantar responsabilidades adicionales y reiteró que son las autoridades ministeriales las encargadas de presentar los elementos que sustenten cada acusación. Sin embargo, reveló que existen otras investigaciones abiertas contra el exfiscal por asuntos distintos al caso de El Pinal, aunque no proporcionó detalles sobre los posibles delitos investigados.

“Lo que sí sé es que siguen las investigaciones sobre otros temas relacionados con el fiscal o el exfiscal que hoy está detenido”, afirmó. Ante la pregunta de si estas nuevas indagatorias también correspondían al delito de traición a la patria, Sheinbaum aclaró que se trata de otros posibles delitos, pero no pudo revelar información adicional, señalando que corresponde a la Fiscalía hacerlo cuando legalmente proceda.

El posicionamiento de la presidenta se produce en un contexto en el que Jáuregui enfrenta procedimientos distintos en los fueros estatal y federal. Las investigaciones y acusaciones abiertas no implican por sí mismas una declaración de culpabilidad, por lo que su responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades judiciales correspondientes.

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