México
Senado aprueba con cambios la nueva Ley General contra la extorsión
El Senado de la República aprobó este miércoles, con modificaciones, el proyecto de decreto para expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. La iniciativa busca unificar criterios a nivel nacional frente a un delito que ha incrementado su impacto en la seguridad del país.
La votación en lo general fue unánime, con 110 sufragios a favor. El dictamen también modifica cinco ordenamientos: el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En lo particular, el documento fue avalado con 95 votos a favor y 12 en contra.
Entre las reservas aprobadas destaca la inclusión de la perspectiva de género en los artículos 3, 33 y 41 de la nueva ley, para atender con este enfoque a las víctimas de extorsión. Asimismo, se precisó en el artículo 17 que las penas aumentarán cuando se utilicen dispositivos, medios, servicios o plataformas que permitan emitir, transmitir o recibir información por cualquier vía electrónica, óptica, física o electromagnética.
Durante la discusión, se advirtió que la extorsión afecta la actividad económica de comunidades enteras y vulnera la tranquilidad de las familias. También se señaló que el uso de tecnologías de comunicación y la corrupción en centros penitenciarios han facilitado la operación de este delito.
El proyecto establece que las fiscalías deberán contar con unidades, policías, analistas y ministerios públicos capacitados, evaluados y especializados en la investigación de la extorsión. Además, se eleva el rango de las penas a entre 15 y 25 años de prisión, por encima de los seis a 15 años que se planteaban inicialmente. Para servidores públicos que omitan denunciar estos delitos, se fija una pena de 10 a 20 años de prisión.
El dictamen también contempla medidas de protección para víctimas, ofendidos y testigos a lo largo del procedimiento.
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 20 de octubre, busca unificar la tipificación en el país, ya que actualmente cada estado sanciona la extorsión de manera distinta. El objetivo es que la Federación defina sus modalidades, como la telefónica, digital, presencial o mediante amenazas, y establezca penas comunes y protocolos de actuación para policías y fiscalías.
Tras su aprobación, el Senado ordenó devolver el proyecto a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.
México
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.
Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.
Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.
La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.
“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.
Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.
“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.
Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.
“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.
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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.
Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.
Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.
Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.
La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.
La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.
