El Senado de la República aprobó este miércoles, con modificaciones, el proyecto de decreto para expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. La iniciativa busca unificar criterios a nivel nacional frente a un delito que ha incrementado su impacto en la seguridad del país.

La votación en lo general fue unánime, con 110 sufragios a favor. El dictamen también modifica cinco ordenamientos: el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En lo particular, el documento fue avalado con 95 votos a favor y 12 en contra.

Entre las reservas aprobadas destaca la inclusión de la perspectiva de género en los artículos 3, 33 y 41 de la nueva ley, para atender con este enfoque a las víctimas de extorsión. Asimismo, se precisó en el artículo 17 que las penas aumentarán cuando se utilicen dispositivos, medios, servicios o plataformas que permitan emitir, transmitir o recibir información por cualquier vía electrónica, óptica, física o electromagnética.

Durante la discusión, se advirtió que la extorsión afecta la actividad económica de comunidades enteras y vulnera la tranquilidad de las familias. También se señaló que el uso de tecnologías de comunicación y la corrupción en centros penitenciarios han facilitado la operación de este delito.

El proyecto establece que las fiscalías deberán contar con unidades, policías, analistas y ministerios públicos capacitados, evaluados y especializados en la investigación de la extorsión. Además, se eleva el rango de las penas a entre 15 y 25 años de prisión, por encima de los seis a 15 años que se planteaban inicialmente. Para servidores públicos que omitan denunciar estos delitos, se fija una pena de 10 a 20 años de prisión.

El dictamen también contempla medidas de protección para víctimas, ofendidos y testigos a lo largo del procedimiento.

La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 20 de octubre, busca unificar la tipificación en el país, ya que actualmente cada estado sanciona la extorsión de manera distinta. El objetivo es que la Federación defina sus modalidades, como la telefónica, digital, presencial o mediante amenazas, y establezca penas comunes y protocolos de actuación para policías y fiscalías.

Tras su aprobación, el Senado ordenó devolver el proyecto a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.