Resto del mundo
Senado propone reformas para limitar poderes del INE
El Senado de la República ha iniciado un proceso para reformar la ley con el objetivo de restablecer las decisiones colegiadas en los nombramientos de los altos mandos del Instituto Nacional Electoral (INE). Esta iniciativa busca reducir el poder que se otorgó a Guadalupe Taddei durante su presidencia en el organismo electoral.
Los senadores de Morena, Javier Corral y Susana Harp, junto con la senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García, han presentado una propuesta. Además, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han hecho lo propio, así como la senadora panista Lilly Téllez, quien presentó una iniciativa de manera individual.
Las propuestas buscan regresar a la redacción original del artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este artículo estipulaba que la presidencia del INE debía llegar a un acuerdo con el Consejo General para los nombramientos de directores ejecutivos y otros titulares de unidades técnicas del Instituto. Esta disposición fue modificada por el pleno del Senado, a instancias de Morena, el 10 de octubre de 2024, con el fin de facilitar a Taddei la realización de nombramientos que habían sido rechazados por el Consejo General.
Ignacio Mier, líder de los senadores de Morena y quien fue coordinador de los diputados de su partido durante la elección de Taddei, defendió el proceso de selección que llevó a su nombramiento. Mier destacó que, a diferencia de otras ocasiones, esta elección no fue resultado de cuotas políticas, sino que se basó en un proceso riguroso que incluyó criterios de elegibilidad, idoneidad y un proceso de insaculación entre quintetas, que abarcaban tanto la presidencia del Consejo General como las cuatro consejerías, distribuidas equitativamente entre hombres y mujeres.
El 16 de febrero de 2023, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados estableció un Comité de selección para elegir a los consejeros electorales. Este comité estuvo conformado por Enrique Galván, Evangelina Hernández y Andrés García, propuestos por Morena; Ernesto Isunza Vera y Araceli Mondragón, propuestos por la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra; y María Esther Azuela y Sergio López Ayllón, propuestos por el extinto Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
Con estas iniciativas, el Senado busca un cambio significativo en la forma en que se toman decisiones dentro del INE, lo que podría tener un impacto en la independencia y funcionamiento del organismo electoral.
Resto del mundo
PVEM se opone a iniciativa de rentas en CDMX por riesgo de mercado negro
El 29 de octubre de 2026, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México anunció la realización de foros de análisis y consulta ciudadana para discutir la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, propuesta por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Sin embargo, los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han manifestado su intención de no respaldar el dictamen si no se incorporan sus propuestas al proyecto final.
El dirigente del PVEM en la Ciudad de México, Jesús Sesma, expresó su preocupación respecto a la iniciativa del Ejecutivo local, que busca limitar los aumentos de arrendamiento a la inflación anual reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Según Sesma, esta medida podría provocar distorsiones en el sector inmobiliario y dar lugar a un mercado negro de rentas.
Para abordar esta problemática, el grupo parlamentario del PVEM ha presentado una iniciativa alternativa que propone establecer un tope máximo de alquiler equivalente al 1% del valor comercial del inmueble. Por ejemplo, si un departamento tiene un valor comercial de 2 millones de pesos, el propietario podría fijar una renta mensual máxima de hasta 20 mil pesos.
A pesar de las diferencias en cuanto al control de precios, la bancada del PVEM ha mostrado su apoyo a la propuesta de Brugada que obliga a los arrendadores a inscribir las propiedades destinadas al alquiler en el Registro Digital de Contratos. No obstante, solicitarán formalmente una modificación en el plazo de cumplimiento, proponiendo que se cambie de 30 días naturales a 30 días hábiles. Esta modificación permitiría un plazo efectivo de aproximadamente un mes y medio para la regularización de las propiedades.
La discusión sobre esta iniciativa es crucial, ya que podría tener un impacto significativo en el mercado de arrendamientos en la capital del país, así como en la protección de los derechos de los inquilinos y propietarios.
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