Con 349 votos a favor, 95 en contra y sin abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que otorga al Senado la facultad de ratificar los nombramientos de coroneles y oficiales superiores de la Guardia Nacional propuestos por el Ejecutivo.
El presidente de la Comisión de Defensa, Luis Arturo Oliver Cen, defendió la medida al señalar que “elevará los estándares de transparencia y rendición de cuentas”, asegurando que los altos mandos castrenses no solo serán evaluados por el presidente, sino también por el Poder Legislativo.
La votación evidenció divisiones claras. Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano respaldaron el dictamen, mientras que PRI y PAN se opusieron, denunciando que la reforma profundiza la militarización de la seguridad pública.
Desde el PRI, César Alejandro Domínguez acusó al oficialismo de “memoria selectiva” y recordó declaraciones pasadas de Morena en defensa del carácter civil de la seguridad. “Lo que buscan es centralismo y control autoritario”, afirmó.
En el mismo tono, la panista Noemí Luna criticó la “inconsistencia legislativa” de Morena al modificar en meses artículos constitucionales previamente acordados. Su compañero Federico Döring endureció el discurso, calificando a la mayoría como “partido del narco” y advirtiendo que la Guardia Nacional, pese a triplicar el número de elementos de la Policía Federal, tiene menos detenciones y más denuncias de corrupción.
Por su parte, diputados de Movimiento Ciudadano, como Laura Hernández y Francisco Javier Farías, señalaron que la reforma corrige vacíos normativos de la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, aunque insistieron en que la militarización no es la vía para construir la paz.
El debate vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre seguridad civil y control militar, un tema que seguirá marcando la agenda legislativa en el país.
