México
Senado tendrá la última palabra en mandos de la Guardia Nacional tras polémica reforma
Con 349 votos a favor, 95 en contra y sin abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que otorga al Senado la facultad de ratificar los nombramientos de coroneles y oficiales superiores de la Guardia Nacional propuestos por el Ejecutivo.
El presidente de la Comisión de Defensa, Luis Arturo Oliver Cen, defendió la medida al señalar que “elevará los estándares de transparencia y rendición de cuentas”, asegurando que los altos mandos castrenses no solo serán evaluados por el presidente, sino también por el Poder Legislativo.
La votación evidenció divisiones claras. Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano respaldaron el dictamen, mientras que PRI y PAN se opusieron, denunciando que la reforma profundiza la militarización de la seguridad pública.
Desde el PRI, César Alejandro Domínguez acusó al oficialismo de “memoria selectiva” y recordó declaraciones pasadas de Morena en defensa del carácter civil de la seguridad. “Lo que buscan es centralismo y control autoritario”, afirmó.
En el mismo tono, la panista Noemí Luna criticó la “inconsistencia legislativa” de Morena al modificar en meses artículos constitucionales previamente acordados. Su compañero Federico Döring endureció el discurso, calificando a la mayoría como “partido del narco” y advirtiendo que la Guardia Nacional, pese a triplicar el número de elementos de la Policía Federal, tiene menos detenciones y más denuncias de corrupción.
Por su parte, diputados de Movimiento Ciudadano, como Laura Hernández y Francisco Javier Farías, señalaron que la reforma corrige vacíos normativos de la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, aunque insistieron en que la militarización no es la vía para construir la paz.
El debate vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre seguridad civil y control militar, un tema que seguirá marcando la agenda legislativa en el país.
México
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.
Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.
Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.
La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.
“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.
Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.
“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.
Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.
“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.
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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.
Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.
Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.
Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.
La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.
La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.
