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México

Señalan de nuevo a Ricardo Anaya: notario exige justicia en caso de falsificación de identidad

Salvador Cosío, titular de la Notaría Pública 8 de Zapopan, Jalisco, aseguró que Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional (PAN), es un delincuente que debe de responder por sus actos respecto a un caso de falsificación de identidad.

Me consta que cometió un delito y un delito se vuelve un crimen y eso los comete un delincuente o un criminal, entonces para mí el señor Anaya es un delincuente y debe responder por lo que hizo”, declaró en una entrevista para Sin Embargo con motivo de aclarar un proceso de adquisición de una nave industrial en Querétaro.

El también presidente municipal de Zapopan por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) insistió en el caso contra Anaya Cortés y exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) que se haga cargo del caso. Esto porque supuestamente el militante del blanquiazul presentó ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) documentos falsos con el sello notarial y la firma de Cosío Gaona; sin embargo, él no reconoce haber notariado dichos oficios.

La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, investiga a Ricardo Anaya (Foto: Archivo)La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, investiga a Ricardo Anaya (Foto: Archivo)

El cínico Ricardo Anaya dice que nunca ha cometido un ilícito: a mi me falsificó firma y sello notarial en documentos que intento usar como certificados y por ello lo denuncié en 2017 ante la entonces PGR”, publicó en redes sociales desde el 24 de julio del 2020, un año antes de que la FGR solicitara la presencia del político en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Dicho señalamiento vuelve a salir a la luz en un momento muy complicado para Ricardo Anaya, pues la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero tiene otro caso abierto contra el panista, motivo por el cual el político salió del país y se presume que está con su familia en Atlanta, Georgia.

El ex contrincante de AMLO en 2018 fue señalado como presunto beneficiario de sobornos de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien supuestamente le entregó sumas millonarias de dinero para influir en las reformas incluidas en el llamado Pacto por México, donde se incluía la reforma energética que abría la posibilidad de que los grandes petroleros internacionales pudieran extraer el crudo mexicano.

Sin embargo, el detalle de las declaraciones de Lozoya Austin contra Anaya Cortés tienen algunas inconsistencias en cuanto al tiempo y la ubicación donde se realizaron los sobornos, por lo que el abanderado del blanquiazul aseguró que es inocente de todo cargo.

Ricardo Anaya salió de México al enterarse que es investigado por la FGR (Foto: EFE / Miguel Sierra)Ricardo Anaya salió de México al enterarse que es investigado por la FGR (Foto: EFE / Miguel Sierra)

Cabe recordar que el pasado miércoles 25 de agosto, día en el que fue citado a comparecer en las instalaciones del Reclusorio Norte en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, abogado defensor de Ricardo Anaya, dijo que se le negó el acceso a la carpeta de investigación, algo que fue condenado por la bancada del PAN en el Senado de la República.

Damián Zepeda, senador por Acción Nacional, informó en una conferencia de prensa que el litigante defensor está teniendo problemas para acceder a la carpeta FED/SEIDF/CGI-CDMX0000865/2020, lo cual copta el derecho a una defensa legítima en un proceso penal.

En esa investigación se puntualiza que el monto de sobornos que operó Anaya es de 6.8 millones de pesos, por lo que si se le llega a encontrar culpable de los cargos podría pasar hasta 30 años tras las rejas.

Ante este contexto, Ricardo Anaya aseguró que se trata de una persecución política orquestada desde Palacio Nacional porque es un sujeto incómodo para la administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

México

Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.

Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.

Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.

La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.

“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.

Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.

“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.

Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.

“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.

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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.

Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.

Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.

Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.

La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.

La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.

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