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Chihuahua

Sentencian a seis años de prisión a Antonio Tarín por desvío de 2.4 mdp

Un Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a seis años de prisión al ex Director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda, Antonio Enrique Tarín García, por apoderase de recursos públicos del pueblo de Chihuahua.

Tras presentar argumentos y pruebas sólidas, la representación social acreditó ante un Juez de Enjuiciamiento la responsabilidad penal de Antonio Tarín, en el desvío de 2.4 millones de pesos, y estableció que el sentenciado habría cometido el delito en coautoría con el exdiputado Fernando Mariano Reyes Ramírez y el empresario, Iván Elí Sánchez Jasso, quienes ya fueron sentenciados.

De acuerdo a lo expuesto por el Agente del Ministerio Público esta sería la primera sentencia condenatoria de varios procesos que tiene en su contra, este servidor público de la administración pasada.

Como resultado de los trabajos efectuados dentro del marco de la “Operación Justicia para Chihuahua fueron presentadas más de 90 pruebas; entre las cuales destacan, múltiples declaraciones de testigos, informes, documentos, peritajes, evidencia contable, documentales públicas y bancarias.

Las pruebas presentadas establecen que los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron durante los meses de julio a septiembre del año 2016, cuando el condenado simulo el proceso para la contratación de servicios profesionales a favor de la empresa Bildung Consultoría Organizacional S&S S.A. de C.V.

Es por lo anterior que tras analizar las pruebas fehacientes presentadas por la Fiscalía General del Estado, el ex Director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda fue sentenciado a seis años de prisión y deberá pagar una multa por la cantidad de 63 mil 190 pesos.

Cabe señalar que este es el primer fallo en contra de Antonio Enrique Tarín García, de varios procesos penales que tiene por hechos de la misma naturaleza.

Chihuahua

Así ordenaron la aprehensión de César Jáuregui en Chihuahua

Un oficio atribuido al Poder Judicial de Chihuahua detalla los delitos por los que se habría autorizado la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Chihuahua, Chih.— Un documento atribuido al Poder Judicial del Estado de Chihuahua revela los términos de una resolución mediante la cual se habría ordenado la aprehensión de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.

El documento, identificado con el número de oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, está dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado.

En el apartado de resolutivos aparece expresamente la instrucción de librar órdenes de aprehensión contra ambos señalados.

¿De qué se acusa a César Jáuregui?

Según el oficio, la resolución contempla dos señalamientos contra César Gustavo Jáuregui Moreno.

El primero corresponde a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente. En este caso, se le señala como presunto coautor junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo.

El segundo corresponde a otra hipótesis del delito de ejercicio ilegal del servicio público, prevista en la fracción IV del artículo 253 del mismo ordenamiento, por la cual se le atribuye la calidad de autor material.

Por su parte, Zuany Portillo también aparece señalado por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, contemplado en el artículo 308 del Código Penal estatal.

¿Cómo se autorizó la orden de captura?

El documento establece que la autoridad judicial valoró los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.

Tras esa valoración, el tribunal habría autorizado las órdenes de aprehensión y dispuesto la entrega de tres copias certificadas del oficio al Ministerio Público.

La resolución también señala que los imputados deberán recibir una copia al momento de su captura y ser puestos inmediatamente a disposición del tribunal correspondiente.

Lo que todavía falta por esclarecer

Aunque el documento describe los delitos atribuidos y las disposiciones judiciales para ejecutar las capturas, la imagen difundida no contiene los antecedentes completos de la investigación ni permite conocer los hechos específicos que habrían motivado las imputaciones.

Tampoco permite establecer si las órdenes continúan vigentes, si fueron ejecutadas o si existen determinaciones judiciales posteriores.

La autenticidad del oficio y la existencia de las órdenes de aprehensión requieren confirmación independiente ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

En cualquier caso, una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria y las personas señaladas conservan su presunción de inocencia.

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