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Sheinbaum asegura que Grupo Salinas pagará 26 mil millones de pesos con nueva Corte: “Ya no habrá favores”

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Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió este jueves que Grupo Salinas, conglomerado empresarial del magnate Ricardo Salinas Pliego, deberá saldar su deuda fiscal con el gobierno federal, y aseguró que con la llegada de nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya no habrá margen para favores ni dilaciones.

Durante su conferencia matutina, la mandataria vinculó directamente las recientes críticas del empresario y sus medios contra la reforma al Poder Judicial con la negativa histórica de Grupo Salinas a cubrir los adeudos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha exigido desde hace más de una década.

“Van a pagar los impuestos, porque no creo que la Corte de los ministros que están ahora se vaya a atrever a hacer algo en contra del pueblo de México”, declaró Sheinbaum, al referirse a los casos que se mantienen pendientes en el máximo tribunal del país y que, aseguró, han sido retrasados por vínculos entre el grupo empresarial y algunos magistrados salientes.

Según expuso Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación, las empresas de Salinas Pliego —incluidas Elektra y TV Azteca— adeudan en total más de 74 mil millones de pesos al erario. De esa suma, hay tres casos activos ante la SCJN por un total de 26 mil millones de pesos, algunos con procesos legales iniciados desde 2008, 2010 y 2013.

La procuradora detalló que, para evitar un fallo definitivo en su contra, el consorcio ha interpuesto hasta 29 recursos legales, lo que ha permitido extender el litigio por más de 16 años. “Ha habido una estrategia clara de obstrucción judicial. Pero confiamos en que con la renovación de la Corte se acabará ese ciclo de protección”, dijo Galeano.

Sheinbaum agregó que la red de influencias tejida por Salinas Pliego en el Poder Judicial permitió durante años un “aletargamiento deliberado” de los expedientes, lo que favoreció a su grupo empresarial en detrimento de la hacienda pública. “Era la injusticia llevada a su máxima expresión”, subrayó.

El pasado 19 de junio, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó el amparo a Grupo Elektra para evitar el pago de 2 mil millones de pesos por concepto de impuestos al SAT, en uno de los múltiples casos que enfrenta el consorcio. Ante esa resolución, Salinas Pliego calificó el fallo como “un acto ilegal”.

El enfrentamiento entre el gobierno federal y uno de los empresarios más poderosos del país se agudiza en un contexto de reformas profundas en el sistema judicial mexicano, las cuales buscan modificar la manera en que se eligen jueces y ministros, así como fortalecer la rendición de cuentas del Poder Judicial.

La presidenta reiteró que el objetivo es garantizar que “nadie esté por encima de la ley, ni siquiera quienes por años utilizaron el sistema judicial como escudo fiscal”. Y concluyó: “Se acabaron los privilegios. En México se va a pagar lo que se debe, como debe ser”.

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Avala Congreso Fortalecimiento Financiero para el Estado

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-Por tres mil millones de pesos que serán inversión pública productiva.

La 68 Legislatura de Chihuahua, por mayoría de votos autorizó al Poder Ejecutivo del Estado a realizar las operaciones de financiamiento establecidas hasta por los montos y conforme a los destinos, términos y condiciones previstos en el mismo, por la cantidad de $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), más los recursos necesarios para cubrir los costos y gastos relacionados con su implementación y más fondos de reserva.

Dicho monto habrá de ser destinado a inversión pública productiva particularmente en infraestructura carretera y en el desarrollo del Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Jerónimo, así como el refinanciamiento de créditos de largo plazo, incluido un crédito con Banobras bajo el esquema de Bono Cupón Cero, y la contratación de instrumentos derivados para mitigar riesgos por incrementos en tasas de interés.

Fue la diputada Carla Rivas Martínez la encargada de presentar el dictamen de Decreto ante el Pleno Legislativo, quien refirió que la autorización se da una vez realizado el análisis del destino y la capacidad de pago del Estado de Chihuahua, así como el Techo de Financiamiento Neto que le corresponde y los recursos que fungirán como fuente de pago de dicho financiamiento.

En este sentido y una vez autorizado financiamiento, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, y hasta por los montos establecidos, podrán contratar financiamiento en una o varias etapas, según corresponda, para llevar a cabo las operaciones correspondientes.

Los recursos derivados del Financiamiento para Inversión Público Productiva (Financiamiento IPP) deberán ser destinados a financiar proyectos de inversión pública productiva destinados a:

-Construcción de obras para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.
-Construcción de vías de comunicación.
-División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
-Edificación no habitacional.
-Instalación y equipamiento en construcciones.
-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.
-Infraestructura y equipamiento en seguridad pública y de justicia.
-Infraestructura y equipamiento en el sector salud.
-Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades primarias, incluyendo, pero no limitando, pesca, agricultura y ganadería.

En los artículos transitorios del decreto de autorización, se planteó que el detalle de los proyectos de inversión público productiva a desarrollarse deberá estar descrito en los contratos a través de los cuales se implemente el Financiamiento IPP.

Cabe destacar que se aprobó la reserva del diputado Jorge Soto Prieto, en la que se señaló que los instrumentos derivados, al igual que los financiamientos, tienen que ser registrados ante la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como lo marca la regulación federal. Para cumplir con la norma, la autorización de este Congreso debe contener específicamente la clave de registro de los créditos a los cuales se les contratará un instrumento derivado tal y como lo marca el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

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