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Sheinbaum asegura que Grupo Salinas pagará 26 mil millones de pesos con nueva Corte: “Ya no habrá favores”

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Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió este jueves que Grupo Salinas, conglomerado empresarial del magnate Ricardo Salinas Pliego, deberá saldar su deuda fiscal con el gobierno federal, y aseguró que con la llegada de nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya no habrá margen para favores ni dilaciones.

Durante su conferencia matutina, la mandataria vinculó directamente las recientes críticas del empresario y sus medios contra la reforma al Poder Judicial con la negativa histórica de Grupo Salinas a cubrir los adeudos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha exigido desde hace más de una década.

“Van a pagar los impuestos, porque no creo que la Corte de los ministros que están ahora se vaya a atrever a hacer algo en contra del pueblo de México”, declaró Sheinbaum, al referirse a los casos que se mantienen pendientes en el máximo tribunal del país y que, aseguró, han sido retrasados por vínculos entre el grupo empresarial y algunos magistrados salientes.

Según expuso Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación, las empresas de Salinas Pliego —incluidas Elektra y TV Azteca— adeudan en total más de 74 mil millones de pesos al erario. De esa suma, hay tres casos activos ante la SCJN por un total de 26 mil millones de pesos, algunos con procesos legales iniciados desde 2008, 2010 y 2013.

La procuradora detalló que, para evitar un fallo definitivo en su contra, el consorcio ha interpuesto hasta 29 recursos legales, lo que ha permitido extender el litigio por más de 16 años. “Ha habido una estrategia clara de obstrucción judicial. Pero confiamos en que con la renovación de la Corte se acabará ese ciclo de protección”, dijo Galeano.

Sheinbaum agregó que la red de influencias tejida por Salinas Pliego en el Poder Judicial permitió durante años un “aletargamiento deliberado” de los expedientes, lo que favoreció a su grupo empresarial en detrimento de la hacienda pública. “Era la injusticia llevada a su máxima expresión”, subrayó.

El pasado 19 de junio, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó el amparo a Grupo Elektra para evitar el pago de 2 mil millones de pesos por concepto de impuestos al SAT, en uno de los múltiples casos que enfrenta el consorcio. Ante esa resolución, Salinas Pliego calificó el fallo como “un acto ilegal”.

El enfrentamiento entre el gobierno federal y uno de los empresarios más poderosos del país se agudiza en un contexto de reformas profundas en el sistema judicial mexicano, las cuales buscan modificar la manera en que se eligen jueces y ministros, así como fortalecer la rendición de cuentas del Poder Judicial.

La presidenta reiteró que el objetivo es garantizar que “nadie esté por encima de la ley, ni siquiera quienes por años utilizaron el sistema judicial como escudo fiscal”. Y concluyó: “Se acabaron los privilegios. En México se va a pagar lo que se debe, como debe ser”.

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Sube el salario mínimo y aprieta a las PyMES: piden apoyos para evitar despidos y alza de precios

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El incremento del 13 por ciento al salario mínimo, que entró en vigor al inicio de 2026, representa un avance importante para la recuperación del poder adquisitivo de las familias, pero también plantea un desafío significativo para las pequeñas y medianas empresas, advirtió el maestro Isaac González Granados, docente de la Facultad de Economía Internacional de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El especialista reconoció que el aumento es una medida positiva desde el punto de vista social, al permitir que los trabajadores enfrenten mejor el costo de vida. Sin embargo, subrayó que las decisiones económicas tienen efectos en cadena y no ocurren de manera aislada.

Explicó que mientras las grandes empresas suelen tener mayor capacidad para absorber el incremento en la nómina, las PyMES enfrentan un escenario mucho más complejo. Negocios como tiendas de barrio, talleres o comercios locales podrían verse presionados si sus costos laborales aumentan sin que exista un crecimiento proporcional en sus ventas.

De no existir apoyos, alertó, esta situación podría traducirse en un alza de precios para los consumidores o, en el peor de los casos, en recortes de personal, afectando tanto al empleo como a la estabilidad económica local.

Ante este panorama, González Granados hizo un llamado a no dejar solas a las pequeñas empresas y a impulsar medidas de acompañamiento por parte de las autoridades, como subsidios temporales a las cuotas de seguridad social o periodos de gracia en el Impuesto Sobre Nómina.

Este tipo de apoyos, explicó, permitirían amortiguar el impacto inicial del aumento salarial mientras las empresas ajustan su productividad y modelo financiero, generando un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la viabilidad del sector productivo local.

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