México

Sheinbaum niega pacto político con Maru Campos por detención de exfiscal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió cualquier acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, en relación con la detención del exfiscal César Gustavo Jáuregui Moreno. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que la investigación federal en contra de Jáuregui se origina en su supuesta participación en un operativo no autorizado por el gobierno federal, en el que estarían involucrados agentes estadounidenses.

Sheinbaum enfatizó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) presentar las pruebas necesarias contra el exfuncionario, quien enfrenta acusaciones por violar la Ley de Seguridad Nacional. Además, la presidenta indicó que la FGR deberá determinar si existen elementos suficientes para investigar a la mandataria estatal, María Eugenia Campos.

“Para decirlo con absoluta claridad, la justicia está por encima incluso de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia”, declaró Sheinbaum, respondiendo a rumores que sugerían un supuesto acuerdo entre su administración y la gobernadora para la detención de Jáuregui a cambio de ofrecerle una embajada.

La presidenta también rechazó la idea de haber “exonerado” a Campos, como se había informado en algunos medios de comunicación. “No depende de mí exonerar a una persona o a otra. Es una decisión de la fiscalía y de la investigación”, afirmó, al ser cuestionada sobre la posibilidad de que la indagatoria federal pudiera extenderse a la gobernadora por su papel como titular del Ejecutivo estatal.

Sheinbaum reiteró que el procedimiento contra Jáuregui es competencia de las autoridades ministeriales y judiciales, evitando anticipar si hay elementos para investigar a otros funcionarios del estado de Chihuahua. La mandataria expresó su expectativa de que, durante la audiencia programada para este martes, se presenten las pruebas que sustentan la imputación contra el exfiscal, en la medida en que lo permita el proceso judicial.

México

Senado aprueba Ley de Economía Digital para pagos electrónicos

El Senado de la República ha aprobado la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con el propósito de fomentar el uso de métodos de pago como códigos QR, tecnología NFC, tarjetas y transferencias. Esta iniciativa busca reducir la dependencia del efectivo y promover la inclusión financiera en el país.

La reforma impone nuevas obligaciones a las instituciones financieras y otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la facultad de determinar en qué sectores o actividades el pago digital será la única forma de pago aceptada. Esta disposición ha suscitado críticas por parte de la oposición y de algunos senadores de Morena, quienes han expresado su preocupación sobre los riesgos de centralizar esta decisión en Hacienda.

Entre los cambios que introduce la Ley de Economía Digital se encuentra la facilitación de las transacciones electrónicas y la ampliación del acceso a servicios financieros. La legislación establece que las entidades financieras deberán aceptar la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos válidos para la contratación de servicios de manera remota.

Además, la ley contempla que el Banco de México (Banxico) emita disposiciones para estandarizar el funcionamiento de las aplicaciones financieras, así como para que las terminales punto de venta que actualmente aceptan tarjetas puedan procesar pagos a través de códigos QR.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del partido Morena, defendió la reforma, argumentando que la digitalización debe facilitar la participación de las personas y de los pequeños negocios en la economía. “No se trata solamente de modernizar la manera de pagar, se trata de reducir las dificultades que enfrentan las personas y los pequeños negocios para participar en la economía”, afirmó.

Huerta Ladrón de Guevara también destacó que, aunque la digitalización no resolverá por sí sola las desigualdades económicas, puede contribuir a facilitar las transacciones, disminuir trámites y ampliar el acceso a servicios financieros, lo que podría beneficiar a una mayor cantidad de ciudadanos.