Chihuahua
Sí a la Guardia Nacional, pero con mando e integrantes civiles: Coparmex
El Presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Coparmex, Ignacio Manjarrez Ayub, presentó un posicionamiento ante diputados federales mediante el cual hizo énfasis en que la Confederación avala la creación de la Guardia Nacional bajo un mando e integración de orden civil.
En ese sentido, indicó que la dicho cuerpo de seguridad debe depender de la recién creada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como tener plena coordinación con el ámbito estatal y municipal, respetando en todo momento el pacto nacional.
Dicha postura, denominada “Posicionamiento Ciudadano por una Estrategia de Seguridad Pública sin Militarización”, fue presentada por el representante empresarial durante las Audiencias públicas para el análisis de la reforma constitucional para la conformación de la Guardia Nacional.
Manjarrez Ayub indicó que el sector patronal considera que la creación de una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al inicio de la actual administración, es crucial en la tarea de enfrentar los altos índices de delincuencia y el clima de inseguridad en diversas regiones del país.
Recordó que la posición de Coparmex en el tema del combate a la delincuencia siempre ha sido pugnar por un marco jurídico adecuado que regule de manera clara la intervención del Ejército en la lucha contra la delincuencia organizada de manera estructurada y que a la vez exista un fortalecimiento de las agrupaciones policiales estatales y municipales coordinadas con un esquema que permita una actuación eficaz.
En el posicionamiento leído ante los diputados, el representante de la Coparmex dijo que el sector patronal de manera reiterada se ha pronunciado porque la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública se realice con apego a los derechos humanos y de forma temporal, por lo que la regulación debe establecer los mecanismos legales que determine en cada caso concreto cuándo y cómo deben intervenir, como fue la posición del sector empresarial ante la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior en la pasada administración.
Además de mantener el mando de la Guardia Nacional en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el representante de la Coparmex dijo que es necesario considerar otros elementos no contemplados en la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, como es el fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio, que tuvo su inicio de aplicación en el año 2016 y que requiere de permanente evaluación y seguimiento para mejorarlo, por lo que es preciso crear una instancia nacional para ello.
Sugirió además fortalecer el uso de tecnologías mediante la creación y estandarización de formatos electrónicos de las etapas del proceso penal que permitan homologar la actuación de los operadores de justicia, en especial de los policías; el uso de brazaletes en la medida cautelar de seguimiento; la conformación de botones de pánico georreferenciados como medida de protección a las víctimas y el uso de tecnología de videovigilancia permanente en ciudades y carreteras donde se ubican las zonas de mayor conflicto delincuencial.
“Por otra parte, las nuevas directrices de las políticas criminales deben generar mecanismos de intercambio de información interinstitucional y transversal que permitan compartirla a nivel nacional, así como que las instituciones tengan conocimiento homologado a fin de descifrar y utilizar la información bajo parámetros y criterios similares, de manera estandarizada”, indicó.
Además, subrayó la importancia de acompañar la nueva estructura institucional con programas de prevención, estructurados de manera trasversal y transexenal, basados en políticas públicas que generen un tejido social saludable para el desarrollo social y económico de México.
Señaló que es necesario contar con una legislación actualizada para la seguridad privada, a fin que la prestación de estos servicios se norme de forma clara señalando la competencia regulatoria que cada uno de los tres órdenes de gobierno tenga sobre este sector, evitando la sobrerregulación y a la vez brindando certeza y seguridad jurídica tanto para quienes prestan el servicio como para quienes lo contratan.
Al respecto, recordó que la Coparmex se sumó al impulso de la Ley General de Seguridad Privada en el Senado, la cual una vez dictaminada y votada, se remitió en el mes de abril del año pasado a la Cámara de Diputados con la finalidad de continuar con su proceso Legislativo.
En el documento de la Coparmex se expuso que, de generarse los consensos necesarios para constituir una Guardia Nacional, se deben considerar los siguientes irreductibles:
1. Naturaleza civil y no militar, bajo un mando civil.
2. Dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
3. Es necesario acotar las facultades en materia de delincuencia organizada.
4. Una facultad a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica para que reglamente y supervise los siguientes aspectos clave de la conformación y fortalecimiento de las corporaciones policiales del país: reclutamiento, formación inicial y continua de todas las corporaciones del país con base en estándares técnicos, así? como perfiles de los agentes por función .
Delimitación de su actuar dentro del marco de desarrollo de profesionalización y capacitación de los cuerpos policiales.
5. Establecimiento con claridad de las atribuciones de la Federación, Estados y Municipios en materia del combate a la delincuencia y seguridad pública.
6. Es importante que se determine la creación de una Academia Nacional para Policías.
7. Las bases para establecer un nuevo régimen laboral y de seguridad social para el personal de las instancias de seguridad y procuración de justicia.
8. por último, pero no menos importante, la creación del Consejo Nacional de Evaluación con la participación activa ciudadana, con voz y voto, en la política y acción en materia de seguridad y construcción de paz.
Chihuahua
Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos
El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.
Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.
Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.
El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.
De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.
La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.
El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.
Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.
Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.
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