Opinión
Sicarios de la verdad. Por Javier Contreras
“La batalla política en la era de la información se está librando también con la desinformación”
– Fundación Libertad y Desarrollo
¿Qué tanta distancia hay entre una simple e inocente huella digital que ponemos en un documento como identidad intransferible y a perpetuidad a la era actual del sicariato digital?, ¿se puede acaso “asesinar” en las redes o destruir famas por contrato?
Increíble que en las redes social puedan convivir víctimas y victimarios: unos haciendo su trabajo de depredadores digitales montando campañas de desinformación, destrozando la verdad, confundiendo con mentiras a medias y creando falsas verdades y otros, incautos y de buena fe, pensando que la “era de la información” es la etapa de mayor transparencia y acceso a la verdad. Todavía hay resistencia a aceptar que las falsas y tendenciosas noticias invaden las redes, donde asolan sicarios digitales que su contrato de negocio es falsear y confundir a petición de su cliente.
Hace apenas ayer que el valor que tenia nuestro dedo pulgar (o gordo) era poder plasmar nuestra firma con la yema entintada. Para las personas analfabetas era la solución de poseer una marca única e irrepetible y en lugar de escribir el nombre, se imprimía “la huella digital o dactilar”.
Esas huellas se forman desde la semana 19 de gestación en el vientre materno y permanecerán inalterables toda la vida. Otros de los milagros de la vida y de la procreación de hijos. No existen dos personas que tengan las mismas huellas dactilar o digitales, aunque sean madre e hijo, e inclusive en el caso de los gemelos que se forman en la misma matriz y al mismo tiempo, sus huellas son diferentes.
Esas huellas son descritas por la dactiloscopía como la estructura formada en la yema de los dedos por crestas, que son las glándulas de secreción de sudor situadas en la piel. Se consideran científicamente un identificador único y lo usa la biometría para el reconocimiento físico o biológico en identificar a una persona. Es lo que tenemos muy nuestro, único y diferente a todos los demás, por eso el área forense y criminológico la usa para confirmar identidad de un cuerpo. Existe el dato de que el dedo meñique y el anular, son los que tienen la huella digital mejor.
Si la huella digital la usamos para registrarnos en un banco y registrarnos en relojes checadores, en los trámites de una visa o como la primera identificación al nacer que plasman los cinco dedos y hasta la planta del pie, también se utiliza para “fichar” a delincuentes cuando a las fotos de frente y de perfil, anexan las huellas de los diez dedos que van a servir de manera fehaciente de quien se trata y será identificable hasta su muerte. En las escenas de un crimen lo primero que intentan captar y registrar los investigadores son muestras de las huellas dactilares de los autores de un delito o crimen, porque será un elemento indispensable para sustentar pruebas contra los autores. Por eso, muchos delincuentes se aseguran de utilizar guantes para no dejar rastros de identidad.
Magí Camps, en un artículo de La Vanguardia[i], escribe que las palabras que están en el origen de dactilar y digital son daktylos y digitus, y las dos significan lo mismo: dedo. La primera es griega, de donde pasa al latín y la segunda arranca en el latín.
Del latín digitus tenemos hoy el popular dedo y el culto dígito. Como con los dedos de las dos manos se cuentan los diez números del sistema decimal, los artilugios que funcionan con combinaciones de cifras son digitales. Un dígito es una cifra porque es uno de los diez dedos. Tradicionalmente hemos llamado a la marca del dedo huella dactilar, aunque también podemos calificarla de digital. Los dos adjetivos son correctos.
Sin embargo, el término huella dactilar se ha generalizado como marca de los dedos, porque huella digital está adquiriendo un nuevo sentido, cada vez más extendido y necesario: el del rastro que dejamos en internet, mediante la actividad en webs y redes sociales. Cada vez hay más personas que piden a los grandes gestores digitales, como Facebook, Twitter, Instagram, etc. que borren definitivamente su rastro, su huella digital. Pero, ahora esos dos adjetivos que hasta funcionaban como sinónimos y habían andado juntos cuando se referían a las huellas de los dedos, ahora inician el camino del divorcio para que los hablantes tengamos claro si nos referimos a lo que marcan los dedos (dactilar) o a lo que marcan las máquinas con sistemas que combinan todo tipo de cifras (digital), acota Magí Camps.
Entonces, la huella digital es como el rastro que dejamos cuando navegamos por internet. Cada vez que se oprime el click del like en las redes sociales o se usa una aplicación en el teléfono, se deja información personal. En el uso de nuestros dispositivos digitales es donde se plasma una nueva huella digital que las aplicaciones van conformando en lo que llaman perfiles y lógicamente la información puede ser inmensa desde nuestras características de gustos o datos personales y demás.
La diferencia es que nuestra huella dactilar o digital la portamos nosotros en nuestros dedos. Los podemos proteger con nuestras manos, en los bolsillos o protegerlos con guantes y sólo exhibirlos cuando consideramos necesarios. En cambio, la huella digital que dejamos en la computadora y celular está expuesta a todo mundo lo que ha generado los llamados ciberdelitos que con nuestros datos falsean identidades y cometen extorsiones.
Otra diferencia es que las huellas dactilares no son desechables mientras que las huellas digitales pueden modificarse o alterarse. Por tal razón hay muchísimos perfiles falsos en la red y los pueden ir modificando según el uso que le quieran dar y por supuesto, reales o ficticios pueden ser extraídos.
A esa acción la identificamos como las hordas o depredadores digitales que se han apoderado de las redes sociales de donde surgen las campañas sucias o propaganda negra. La tecnología digital permite ahora, simular grandes “multitudes” seguidoras de un candidato, gobernante o de un producto comercial sin necesidad de acudir a reunir miles de personas físicas creando falsos perfiles, granjas de troles, compraventa de miles de supuestos seguidores.
El término sicario tomó notoriedad y se incorporó a nuestro lenguaje por el crimen organizado, a pesar de que la palabra es muy antigua y corresponde a personajes que reciben un pago por asesinar a alguien. Pues existen sicarios digitales, que son personas pagadas para hacer el trabajo sucio en internet para aniquilar reputación o fama de personas, para crear falsas noticias, para hacer daño moral o asesinar socialmente a quienes son las victimas designadas.
La Fundación Libertad y Desarrollo genera alertas sobre el sicariato digital debido a que en la era de la información la batalla política se está librando también con la desinformación, donde los victimarios son sicarios digitales, mercenarios o auténticos activistas.[ii]
¿Cómo identificar a un sicario digital? Por lo general la mayoría son anónimos, pero tiene a ser insistentes con sus temas, reciben retroalimentación de cuentas anónimas y por general tienen información rebuscada que, descontextualizada, apoya sus ataques.
En el análisis de la mencionada Fundación, establecen que las balas de los sicarios digitales pueden penetrar hasta cabezas preparadas y bien intencionadas y las estrategias son variadas que van desde sutiles mensajes lanzados al aire, hasta sofisticadas campañas digitales. Al sicario digital le interesa insertar en el receptor incauto una duda lo suficientemente razonable sobre una persona o una causa para lograr una reacción y con esas campañas logran paralizar importantes discusiones de política pública o minar reputaciones.
La reflexión es que debemos estar alertas. No todo lo que brilla es oro y por más deslumbrados que estemos por los avances de la tecnología, debemos mantener la razón y atención despierta. Si bien son muchos más los buenos que los malos, el riesgo es que los malos actúan para hacer el mal y los buenos son las víctimas.
[i] CAMPS, Magi, (2016) ¿Dactilar o digital?, La Vanguardia, España,
https://www.lavanguardia.com/vida/20160516/401820308426/dactilar-o-digital.html
[ii] Sicariato Digital (2017) http://repubica.gt/2017/07/27/sicariato-digital/
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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