Resto del mundo
Siete grupos rebeldes etíopes forman nueva alianza contra el gobierno
Siete grupos rebeldes etíopes han anunciado la formación de una alianza con el objetivo de derrocar al gobierno de Addis Abeba y promover una administración de transición. Esta coalición, denominada Alianza por la Supervivencia, reúne a la milicia Fano de Amhara, al Ejército de Liberación Oromo (OLA), al Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF) y a otros cuatro grupos más pequeños. Los rebeldes acusan al gobierno del primer ministro Abiy Ahmed de ser responsable de "guerra, genocidio, destrucción masiva y pobreza extrema", advirtiendo que Etiopía corre el riesgo de desintegrarse. Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido una respuesta. Etiopía ha enfrentado años de conflicto armado en Oromia y Amhara, los estados más poblados del país. Además, han resurgido tensiones en la región norte de Tigray, donde una guerra civil de dos años dejó cientos de miles de muertos y millones de desplazados. Un acuerdo de paz de la Unión Africana puso fin a ese conflicto en 2022, pero persisten temores de un regreso a una guerra a gran escala, con ambas partes acusándose mutuamente de violar el acuerdo. La nueva alianza también incluye grupos de otras tres regiones: Ogaden, Afar y Benishangul-Gumuz, abarcando así la mitad de los 12 estados regionales de Etiopía. El grupo Fano de Amhara luchó junto a las fuerzas federales durante la guerra de Tigray, pero se volvió contra el gobierno en una insurgencia armada menos de un año después de finalizar el conflicto, al negarse a desarmarse. Desde 2018, el gobierno ha estado combatiendo al OLA. El anuncio de la Alianza por la Supervivencia se produce meses después de informes sobre una supuesta alianza entre el TPLF y Eritrea. Abiy Ahmed respondió afirmando que confía en las "capacidades defensivas" de Etiopía, asegurando que no teme por la soberanía del país. En junio, Etiopía celebró elecciones generales, donde el Partido de la Prosperidad de Abiy mantuvo su abrumadora mayoría parlamentaria, a pesar de que los comicios estuvieron marcados por conflictos, acusaciones de represión y escasa participación de los partidos opositores. Los grupos rebeldes Fano y OLA rechazaron los resultados de las elecciones, y la región de Tigray, con seis millones de habitantes, fue completamente excluida del proceso electoral.
Resto del mundo
Diputados buscan eliminar doble nacionalidad para altos cargos ejecutivos
El bloque oficialista en la Cámara de Diputados, conformado por los partidos Morena, Verde y del Trabajo, se prepara para aprobar una reforma que eliminaría la posibilidad de doble nacionalidad para quienes aspiren a ser presidentes de la República, gobernadores o jefes de Gobierno en la Ciudad de México. Esta modificación, que se someterá a votación en el pleno, mantendría la doble nacionalidad para quienes busquen ser presidentes municipales, regidores, diputados federales, estatales y senadores.
Según la propuesta, para ocupar el cargo de presidente de la República o gobernar una entidad federativa, se requeriría ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, y ser hijo o hija de padre o madre mexicanos. Además, se estipula que los aspirantes no deben tener ni adquirir otra nacionalidad, y en caso de poseerla, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos, cumpliendo con los términos que la ley establezca. También se exige haber residido en el país durante al menos veinte años.
El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, que se prevé sea aprobado este martes, toma como referencia la legislación de países como Venezuela y República Dominicana. En este sentido, se argumenta que “el derecho comparado confirma que esta clase de condiciones no es ajena a los sistemas constitucionales contemporáneos”.
El documento menciona que, aunque países como República Dominicana y Venezuela reconocen la doble nacionalidad, también imponen requisitos especiales relacionados con la renuncia o la inexistencia de otra nacionalidad para acceder a ciertos cargos de alta responsabilidad. La propuesta busca adaptar este tipo de garantías al sistema federal mexicano, limitando su aplicación a quienes encabecen los Poderes Ejecutivos tanto a nivel federal como local.
Para asegurar la correcta implementación de esta reforma, se establece que la legislación secundaria deberá definir los documentos necesarios para acreditar la pérdida efectiva de la nacionalidad extranjera, así como las reglas para la traducción, apostilla, legalización y verificación de autenticidad de dichos documentos, entre otros elementos que se consideren viables.
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