La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió un incremento en el acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación en México durante el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque la mandataria ha manifestado su rechazo a la censura, el organismo señala que su gobierno ha mantenido mecanismos de control sobre el acceso a la información y la crítica pública.

En su más reciente informe, la SIP destacó que “la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró contraria a la censura; pero, al mismo tiempo, adoptó medidas que refuerzan el control gubernamental sobre el acceso de los medios y sobre la regulación de telecomunicaciones”. También subrayó la falta de transparencia en la asignación de publicidad oficial, pese a que la inversión estatal en medios ha aumentado respecto al sexenio anterior.

El documento reporta tres asesinatos de personas vinculadas indirectamente a plataformas informativas o redes sociales. Si bien aclara que estos hechos no estarían relacionados directamente con la labor periodística, reflejan el contexto de violencia generalizada en el país.

No obstante, el principal motivo de preocupación, puntualiza la SIP, es el incremento del acoso judicial como herramienta para silenciar a periodistas. Según datos de Artículo 19 México, citados en el informe, se registraron 51 casos de hostigamiento legal durante el primer semestre del año.

Entre los más notorios está el del periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna de Campeche, procesado por “incitación al odio y violencia de género” tras denuncias de la gobernadora Layda Sansores. Un juez ordenó el cierre temporal del medio por dos años, le prohibió ejercer el periodismo y designó un censor para revisar sus publicaciones.

Otro caso mencionado es el de Karla María Estrella, sancionada por el Tribunal Electoral federal tras un comentario en la red X sobre presunto nepotismo. La resolución la obliga a ofrecer disculpas públicas diarias durante 30 días, pagar una multa y permanecer inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género hasta 2027.

En Tamaulipas, el periodista Héctor de Mauleón y el diario El Universal fueron denunciados por calumnia y violencia política de género después de publicar una investigación sobre presunta corrupción. Aunque el Instituto Nacional Electoral descartó el componente de violencia de género, ordenó retirar la columna y sancionó al medio con una multa y una disculpa pública.

La SIP también cuestionó el cierre del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y su sustitución por la oficina “Transparencia para el Pueblo”, la cual, según el informe, desechó el 99.6% de las solicitudes de información recibidas.

Pese a reconocer que Sheinbaum pidió frenar una iniciativa que habría permitido al gobierno bloquear plataformas digitales, el organismo resaltó la contradicción entre su discurso público y las acciones emprendidas. En su balance, la SIP concluye que el entorno para el ejercicio periodístico en México continúa siendo frágil y que la libertad de expresión enfrenta un clima de creciente presión institucional.