El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha demandado la implementación de medidas concretas para prevenir, atender y sancionar la violencia en las escuelas, tras el trágico ataque en una secundaria de Torreón, Coahuila, que resultó en la muerte de una subdirectora. Esta exigencia fue planteada durante la LXI Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE, donde su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, recordó que hace un mes presentó una iniciativa ante el Senado para crear un delito específico de violencia en el entorno escolar.

La propuesta, presentada el 2 de septiembre de 2026, busca adicionar un capítulo al Código Penal Federal que tipifique la violencia escolar, estableciendo penas de seis meses a cuatro años de prisión, así como multas de 50 a 200 días. La iniciativa abarca diversas conductas, incluyendo agresiones físicas o sexuales, violencia digital, intimidación, hostigamiento, acoso e insultos, tanto dentro como fuera de las instituciones educativas, siempre que afecten la integridad física, psicológica o emocional de los miembros de la comunidad educativa.

Además, la propuesta contempla un aumento de hasta la mitad de las penas cuando la víctima sea un menor de edad, una persona con discapacidad, un adulto mayor o una mujer embarazada. También se prevé un incremento en las sanciones si el agresor ocupa una posición de autoridad dentro de la comunidad educativa, si participan dos o más personas en el acto violento, o si se utilizan tecnologías de la información para llevar a cabo la agresión.

Otro aspecto relevante de la iniciativa es la responsabilidad de los padres en casos donde la conducta violenta sea atribuida a un adolescente. En tales situaciones, se priorizarán medidas de prevención y justicia restaurativa. Sin embargo, se establece que si el adolescente no puede reparar el daño causado, sus padres o tutores serán responsables de hacerlo de manera mancomunada y solidaria.

La propuesta del SNTE busca no solo sancionar a los agresores, sino también crear un entorno más seguro para los estudiantes y el personal educativo, en un contexto donde la violencia escolar ha cobrado una alarmante relevancia en el país.