Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) han solicitado al Congreso de la Unión y a las autoridades culturales del gobierno federal que se pause el proceso legislativo de la propuesta de ley general de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta petición se fundamenta en la necesidad de garantizar una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada antes de avanzar en la legislación.

En un posicionamiento difundido a través de redes sociales, los trabajadores, que pertenecen al Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH (SNPICD-INAH), señalaron que los derechos colectivos son una demanda histórica de los pueblos indígenas y afromexicanos. Sin embargo, expresaron su preocupación por los problemas de fondo y forma que presenta la iniciativa, lo que requiere una discusión más amplia y respetuosa de los tiempos y sistemas normativos de estas comunidades.

Los trabajadores argumentaron que el proceso legislativo actual no cumple con los estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Además, criticaron que la convocatoria para la consulta estuvo restringida a los pueblos registrados en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, así como a las autoridades acreditadas por el Estado. Esto, según ellos, limitó la participación efectiva de la diversidad de pueblos, comunidades y autoridades indígenas y afromexicanas que existen en el país.

Los trabajadores también cuestionaron que la participación de los pueblos se redujo a emitir opiniones sobre una propuesta ya elaborada, en lugar de fomentar la construcción conjunta de un instrumento jurídico. Esto, afirmaron, desaprovecha una oportunidad histórica para establecer un diálogo genuino entre el Estado y los pueblos indígenas y afromexicanos, perpetuando una relación vertical y tutelar que es incompatible con el reconocimiento constitucional de estos pueblos como sujetos de derecho público.