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Chihuahua

Sólo hay un caso documentado que involucra a soldados: Sedena

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sólo tiene documentada una recomendación de la CNDH por el delito de desaparición forzada de personas, que data de 2010 y en el que hasta la fecha no hay detenidos y mucho menos militares sentenciados por esos hechos.

De acuerdo con la información de la Sedena, Álvaro Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado fueron detenidos en el ejido Benito Juárez, municipio de San Buenaventura, Chihuahua, por un grupo de militares, quienes se los llevaron con rumbo desconocido.

En los hechos, ocurridos el 10 de enero de 2010, estuvieron involucrados soldados del 35 batallón de infantería, ubicado entonces en Nuevo Casas Grandes.

Ante la falta de resultados, la Procuraduría General de Justicia Militar declinó su competencia el 29 de diciembre de 2011 a la Procuraduría General de la República (PGR), sin que hasta la fecha haya resultados concretos sobre la indagatoria.

Cabe señalar que en las 92 recomendaciones que la CNDH ha enviado a la Sedena, los presuntos delitos cometidos por soldados van desde homicidio e inhumación clandestina de cadáveres, hasta abuso de autoridad, pero el único caso en el que se señala expresamente el delito de desaparición forzada de personas es el de la recomendación 43/2011, la cual, a pesar de que fue admitida en su momento por el alto mando del Ejército, sigue sin ser acatada.

Por otra parte, en entrevista realizada el pasado lunes antes de que la Organización de Naciones Unidas presentara un informe en que involucra a soldados en desapariciones forzadas ocurridas en México con motivo de laguerra sucia, el director general de Derechos Humanos de la Sedena, general brigadier Rafael Cázares Ayala, sostuvo que desde 2000 y en la actual administración, los titulares de la Defensa Nacional (Ricardo Clemente Vega García y Guillermo Galván Galván, respectivamente) se han preocupado en todo momento por erradicar las violaciones a los derechos humanos en las diversas actividades que en este momento realiza el personal del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos en apoyo a la seguridad pública.

Agregó que la Sedena cuenta con unidades y células jurídicas en las diversas dependencias que integran la secretaría, además de las que están ubicadas en regiones, zonas, guarniciones y cuarteles militares.

Lo que se busca, destacó, es tratar de armonizar la legislación sobre derechos humanos en el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos, para lo cual todos los elementos llevan consigo una cartilla en la materia que se aplica en todo momento.

Prueba de este esfuerzo, subrayó, es que la Dirección General de Derechos Humanos recibió la certificación de la NOM para la igualdad laboral entre hombres y mujeres, reconocimiento que les será entregado el próximo 8 de marzo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Dijo que la cantidad mínima para obtener esa certificación era de 190 puntos y la máxima 270, y se alcanzaron 257. Este logro, subrayó, refleja el hecho de que el Ejército y la Fuerza Aérea buscan alcanzar la igualdad mediante la creación de condiciones de equidad, un trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, con seguridad, y libre de toda discriminación que permita la corresponsabilidad entre la vida laboral y familiar entre sus miembros.

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Chihuahua

Aumenta Congreso penalidad por delito de violencia familiar

En Sesión Ordinaria de Congreso de Chihuahua, la Sexagésima Sexta Legislatura reformó el artículo 193 del Código Penal del Estado, para adicionar un quinto párrafo, en el que se detalla que cuando a sabiendas de que la víctima se encuentre en estado de embarazo o gravidez, se aumente en una mitad, la penalidad por el delito de violencia familiar.

Además, se exhortó a los cuerpos directivos de las instituciones de salud públicas y privadas del Estado que atiendan a mujeres embarazadas, para que verifiquen si el personal que está en contacto con dicho sector poblacional, se encuentra capacitado con perspectiva de género, y en caso contrario, busque el apoyo necesario, en instituciones gubernamentales y de la sociedad civil.

La diputada Marisela Sáenz Moriel, presidenta de la Comisión de Justicia, señaló que el exhorto se hizo extensivo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que designe una visitaduría y acuda a las instituciones de salud públicas y privadas del Estado para verificar si durante la atención a mujeres embarazadas no se les vulneren sus derechos humanos.

Asimismo, refirió sobre la creación de una subcomisión de Justicia para la Atención de la Violencia Obstétrica, que dé seguimiento y realice las medidas adecuadas a lo antes señalado.

Dicha subcomisión estará conformada por la diputada Marisela Sáenz Moriel y los diputados Francisco Humberto Chávez Herrera y Gustavo De La Rosa Hickerson; sus trabajos concluirán cuando la Comisión de Justicia de la LXVI Legislatura considere atendidos los asuntos en materia.

Por último, es importante mencionar que, con estas adecuaciones y el atento llamado a la autoridad correspondiente, se busca disminuir los delitos en materia.

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Chihuahua

Cumpliremos tratado de agua con Presas Internacionales y continuaremos vía del diálogo: MORENA

Haciendo uso de las presas internacionales La Amistad y El Falcón, México cumplirá con el Tratado Internacional de Aguas de 1944 el 24 de octubre de 2020, aseguró el diputado Miguel Ángel Colunga Martínez de Morena quien ofreció su respaldo a los agricultores para resolver el conflicto por medio del diálogo.

El legislador de Morena hizo énfasis en que una renegociación del Tratado no sería viable para México porque se corre el riesgo de perder el beneficio de recibir cuatro veces más de lo que entrega a Estados Unidos, sin embargo es necesario el intercambio puntual de información.

En rueda de prensa el legislador explicó que el tratado contempla dos principales fuentes de pago, las aguas broncas y los escurrimientos además de las demasías de las presas; razón por la que se tomó agua de las presas para saldar el adeudo.
Respecto a la reunión sostenida por Olga Sánchez Cordero con legisladores, alcaldes y productores de oposición el día de ayer; en la que se acordó dirimir conflictos de manera institucional, pacífica y legal; el legislador aseguró que es la vía correcta para resolver el conflicto porque se recurre a un tercero que no está en el golpeteo político y que se abona a la pluralidad al ser un partido distinto al del presidente.

Al ser cuestionados sobre la falta de inclusión de los agricultores el legislador de Morena aseguró que el jueves después de la sesión en la presa La Boquilla, se reunió con agricultores de la región y estuvieron de acuerdo en seguir el plan puntual de cinco puntos que el presentó en la sesión, el cual tiene coincidencias con el camino que ha trazado la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y que hará llegar a esa dependencia.

El legislador declaró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que no habrá desprotección de los agricultores, asegura el ciclo agrícola, los derechos y concesiones de agua, “el 2020 está cubierto, el presidente dice que en caso de alguna adversidad, en caso de una situación extrema como sequía».

Por su parte el legislador aseguró que los productores y campesinos siempre tendrán su respaldo porque los legisladores de Morena siempre respaldarán al campo.

Por su parte el diputado Benjamín Carrera Chávez, hizo énfasis al oportunismo político del gobernador al asegurar que el Plan Hídrico presentado por el gobernador en el 2018, tuviera entre las prioridades cubrir el rezago que se tenía en el pago del Tratado Internacional de Aguas y que en estos momentos se buscará polarizar con el pago de aguas a Estados Unidos.

“Rechazamos enérgicamente que se haga un uso faccioso y electorero del Congreso del Estado al utilizarlo como instrumento para golpear y denostar a las autoridades federales; en lugar de conciliar y plantear soluciones conscientes y ecuánimes que contribuyan a atender de fondo la problemática del agua en la entidad”, señaló Carrera Chávez.

Por su parte el legislador Gustavo De la Rosa Hickerson, manifestó el compromiso de Morena de garantizar la libre manifestación de ideas e hizo un llamado a las autoridades federales a resolver hasta las últimas consecuencias y con todo el peso de la ley por Yesica Silva y su esposo Jaime Torres.

El legislador por el séptimo distrito lamentó que el gobernador haya sido excluido de las reuniones de la mesa de seguridad, al tratarse de dos temas distintos.

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Chihuahua

Repudia Pérez Cuéllar exclusión de delegado federal de Mesa de Seguridad

“Ahora resulta que el gobierno federal que encabeza López Obrador es el culpable de los males ocasionados por la cerrazón y falta de capacidad del gobierno local para resolver problemas que se suscitan aquí, incluso algunos provocados por el mismo mandatario estatal”, externó el senador de MORENA, Cruz Pérez Cuéllar.

Luego de una serie de declaraciones echas por el gobernador Javier Corral a medios de comunicación locales y nacionales, en torno a la relación que hay entre su administración y el gobierno de la República, en donde Corral se queja abierta y descaradamente de que “ya se cancelaron las vías de comunicación” que tenía con el gobierno federal, el legislador aclaró que se trata de una burla por parte del jefe del Ejecutivo estatal, ya que es él quien rompió lazos con la federación desconociendo acuerdos, incumpliendo compromisos contraídos con el propio presidente, con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, y con otros representantes de la administración federal.

“Pero tampoco nos es desconocida esa actitud de Javier Corral, no lo es porque a lo largo de su gestión, y aún antes de ella, él se maneja de esa forma; no se caracteriza por honrar la palabra, a los chihuahuenses nos consta luego de tantas promesas de campaña incumplidas y desechadas sin escrúpulo alguno. Ha negado acuerdos y compromisos a la malagueña, como decimos acá”, expresó Pérez Cuéllar haciendo referencia a promesas clave que le dieron el triunfo electoral en el 2016, como la “universidad gratuita” y “la reducción de la inseguridad”.

También recordó el senador morenista aquél compromiso “firmado” por el propio Javier Corral, donde garantizaba que el rubro de salud durante su gestión sería atendido por un médico de profesión, pero hace poco colocó en la Secretaría de Salud a un amigo suyo, de corte completamente distinto al de los galenos, prefirió atender la cuota política que corresponder a la sociedad con la que primero estaba comprometido.

El senador Cruz Pérez Cuéllar además se mostró solidario con el delegado de programas sociales federales, Juan Carlos Loera, quien ha sido excluido de la Mesa para la Construcción de la Paz que coordina el secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta, por instrucción del gobernador –ya que no podría hacerlo sin su venia–, lo cual demuestra quién es el intolerante, el que cierra las vías de comunicación con el gobierno federal.

De la misma manera, revela ese lado autoritario su falta de comunicación con los alcaldes de la entidad que no le son afines políticamente o que decidieron no seguirle el juego; tan sólo para un botón está el Ayuntamiento de la Capital, el segundo municipio más poblado de la entidad y que recibe el desdén del mandatario al extremo de no recibir llamadas de la presidenta, tal como hace con otros alcaldes.

Finalmente, el senador Pérez Cuéllar hizo un llamado a la a la congruencia al gobernador Javier Corral, ya que esa actitud mostrada no hace más que cerrar las puertas, tal como ya las tiene cerradas con buena parte de los representantes de los sectores sociales de Chihuahua.

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