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Política

Sortearán 71 preguntas entre candidatos

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CIUDAD DE MÉXICO, 6  de mayo.- Sacar al Ejército de las calles o no, cómo invertir los recursos para combatir “mejor” al crimen organizado, y sus propuestas para reducir la violencia en el país, con la participación social, y la eventual legalización de las drogas, son las principales inquietudes en materia de seguridad que los cuatro aspirantes a la Presidencia deberán resolver este domingo.

“¿Cuál sería su estrategia para combatir al crimen organizado y en qué se diferencia de la actual?”, les podrían preguntar directamente.

También se les demandará atender otras preguntas no menos importantes: medidas para acabar con la impunidad; sus estrategias contra el lavado de dinero y el tráfico de armas; pero además, acciones para aumentar el crecimiento económico, el empleo, el crédito y abatir las desigualdades sociales.

Y es que, dentro del debate organizado por el Instituto Federal Electoral en el que participarán los presidenciables este domingo a partir de las 20:00 horas en el Pepsi Center de la Ciudad de México, se sortearán entre ellos 71 preguntas divididas en cuatro grandes temas: economía y empleo; seguridad y justicia; desarrollo social, así como desarrollo sustentable

Destacan, además, otros asuntos que deberán resolver los candidatos como el combate a la pobreza extrema y la alimentaria; qué hacer con el Programa Oportunidades, cancelarlo o mejorarlo; y cómo actuarían, por ejemplo, “frente a los maestros y sus organizaciones”.

Las preguntas —estructuradas por expertos, académicos y politólogos, que recogieron y recopilaron las dudas sociales— serán sorteadas por la moderadora del debate, Guadalupe Juárez, entre Gabriel Quadri, Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador. Dispondrán de dos minutos para resolverlas, los que no respondan directamente contarán con minuto y medio para intervenir, y al final habrá una suerte de contrarréplica del que contestó inicialmente.

Los aspirantes deberán responder, asimismo, otras interrogantes como sus proyectos para lograr una disminución de los severos niveles de pobreza y se les formularía esto: “¿Cómo modificaría los programas sociales para evitar su clientelización y uso electoral?”, entre otras.

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Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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