La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado vínculos entre diversas empresas proveedoras y personas relacionadas con el Instituto Nacional Electoral (INE), incluyendo a un extrabajador del organismo que actúa como apoderado de una de las firmas implicadas. Esta información fue presentada en un “mapa de relaciones de investigación” que el órgano fiscalizador ha hecho público.

De acuerdo con la ASF, estos hallazgos son parte de los trabajos de auditoría que se están llevando a cabo y que ya han sido comunicados a los entes públicos del sector electoral. En el documento se identifican conexiones entre las empresas Zeg, Graf, Formas Finas y Seriplast, destacando que cinco personas están vinculadas tanto con Zeg como con Graf, además de otras relaciones corporativas entre las sociedades mencionadas.

La ASF ha puesto especial énfasis en dos casos específicos. Jonathan “N”, quien fue extrabajador del INE, aparece como apoderado de la empresa Zeg. Por otro lado, Alejandro “N” es mencionado como socio de Zeg y delegado de las asambleas de Formas Finas.

El mapa elaborado por la ASF contabiliza un total de siete empresas, 83 personas y 89 vínculos, señalando que seis individuos están relacionados con múltiples empresas. En el centro de este entramado se encuentra el Corporativo Zeg, que está vinculado a Formas Finas y Materiales a través de Alejandro “N”, así como a Cajas Graf mediante César “N”, Omar “N”, Fernando “N” y Raymundo “N”. Además, Tatiana “N” conecta a Cajas Graf con Seriplast de México. Otras empresas mencionadas en el informe son Tol Producciones, Corona J.E. y Comercializadora JVLT.

En el caso de Jonathan “N”, el mapa indica que sus percepciones reportadas entre mayo de 2025 y marzo de 2026 ascienden a 601 mil 751.04 pesos.

Un apartado adicional del informe, titulado “PAC · certificaciones revocadas”, revela que los proveedores del Corporativo Zeg trabajaron con el PAC por un monto total de 21.3 millones de pesos.

La ASF concluyó que estas conexiones corporativas y los antecedentes laborales de los involucrados constituyen indicios que justifican una revisión más exhaustiva de las contrataciones públicas, con el objetivo de determinar la posible existencia de conflictos de interés, prácticas indebidas o responsabilidades legales.