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México

¿Te molesta que tus Senadores votaran en contra de la iniciativa #3de3? ¡Llámales!

El día de hoy en la madrugada, tres senadores de extracción priísta, el ex gobernador Patricio Martínez, Graciela Ortíz y Lilia Merodio votaron en contra de una ley de corrupción que contemplara la iniciativa 3 de 3 como más de 650,000 ciudadanos firmaron a nivel nacional, en las cuales se hiciera obligatorio para los funcionarios y servidores públicos el presentar 3 declaraciones: patrimonio, intereses y fiscal.

El problema no es que no lo hayan votado sino que modificaron los párrafos de la iniciativa construyéndolo de la siguiente manera: “Artículo 29. De conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 108 de la Constitución, todos los servidores públicos están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes; asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.” luego de este párrafo aparece “El servidor público que así lo determine, podrá hacer pública la totalidad de su declaración (…)”  siendo esto último suficiente para que los ciudadanos no puedan conocer dichas declaraciones. De esta manera, el monitoreo por parte de los ciudadanos no es posible; el punto central de la iniciativa ciudadana #Ley3de3 se perdió al eliminar la obligatoriedad en la publicidad de las declaraciones.

El cambio en los párrafos originó severas críticas en redes sociales por parte de los usuarios que desesperados no han encontrado una forma legal de proceder contra el fallo en la cámara alta del Senado.

Sin embargo un grupo de activistas que han promovido la ley 3de3 han convocado a los chihuahuenses a mostrar su repudio contra la decisión de los legisladores y fomentando también el preguntarle a sus representantes el porqué votar en contra de la iniciativa al no dejarla intacta, para esto han publicado sus números de teléfono y redes sociales los cuales a continuación publicamos al ser éstos del interés de la población y en mayor grado al ser ellos representantes de todos los chihuahuenses que merecen una respuesta contundente por su actuar:

Graciela Ortiz

Graciela en tribunaCorreo electrónico: graciela.ortiz@senado.gob.mx

Teléfono: 53-45-30-00 Ext: 3497, 5203

Twitter: https://twitter.com/GOrtizGlez

Facebook: https://www.facebook.com/GOrtizGlez/?fref=ts

 

cumbre_lilia_5Lilia Merodio

Correo electrónico:lilia.merodio@senado.gob.mx

Teléfono: 53-45-30-00 Ext: 3046, 5309

Twitter: https://twitter.com/LiliaMerodio

Facebook: https://www.facebook.com/liliamerodioreza/?fref=ts

Patricio-y-Cesar1Patricio Martínez

Correo electrónico: patricio@senado.gob.mx

Teléfono: 53-45-30-00 Ext: 3552

Twitter: https://twitter.com/PatricioMtz2012

Facebook: https://www.facebook.com/patriciomg2012/?fref=ts

 

¿Cuáles son las 3 declaraciones que piden presentar 3 de 3?

La declaración patrimonial es la que establece la cantidad de bienes que tiene el declarante, además de estimar su valor. Se busca que se haga pública para monitorear el patrimonio de los servidores al inicio y fin del desempeño del cargo, evitando así el enriquecimiento ilícito. Algunos bienes que se incluyen son: inmuebles, vehículos, muebles, obras de arte e ingresos.

La declaración fiscal es la más simple de las tres, pues es solamente un comprobante de que el funcionario, servidor o candidato a cumplido con el pago de los impuestos; es un documento emitido por el SAT.

La declaración de intereses es el documento en el que se presentan los «intereses económicos y financieros, actividades profesionales y empresariales y otros intereses tanto del declarante como de sus familiares en primer grado y dependientes económicos» (IMCO, 2015). El fin es determinar si las actividades del declarante o de su familia pudieran interferir con el ejercicio de sus labores como servidor público.

La imagen que circula en redes sociales

telefonos

 

Fuente: Referente

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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