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México

¿Te molesta que tus Senadores votaran en contra de la iniciativa #3de3? ¡Llámales!

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El día de hoy en la madrugada, tres senadores de extracción priísta, el ex gobernador Patricio Martínez, Graciela Ortíz y Lilia Merodio votaron en contra de una ley de corrupción que contemplara la iniciativa 3 de 3 como más de 650,000 ciudadanos firmaron a nivel nacional, en las cuales se hiciera obligatorio para los funcionarios y servidores públicos el presentar 3 declaraciones: patrimonio, intereses y fiscal.

El problema no es que no lo hayan votado sino que modificaron los párrafos de la iniciativa construyéndolo de la siguiente manera: “Artículo 29. De conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 108 de la Constitución, todos los servidores públicos están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes; asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.” luego de este párrafo aparece “El servidor público que así lo determine, podrá hacer pública la totalidad de su declaración (…)”  siendo esto último suficiente para que los ciudadanos no puedan conocer dichas declaraciones. De esta manera, el monitoreo por parte de los ciudadanos no es posible; el punto central de la iniciativa ciudadana #Ley3de3 se perdió al eliminar la obligatoriedad en la publicidad de las declaraciones.

El cambio en los párrafos originó severas críticas en redes sociales por parte de los usuarios que desesperados no han encontrado una forma legal de proceder contra el fallo en la cámara alta del Senado.

Sin embargo un grupo de activistas que han promovido la ley 3de3 han convocado a los chihuahuenses a mostrar su repudio contra la decisión de los legisladores y fomentando también el preguntarle a sus representantes el porqué votar en contra de la iniciativa al no dejarla intacta, para esto han publicado sus números de teléfono y redes sociales los cuales a continuación publicamos al ser éstos del interés de la población y en mayor grado al ser ellos representantes de todos los chihuahuenses que merecen una respuesta contundente por su actuar:

Graciela Ortiz

Graciela en tribunaCorreo electrónico: [email protected]

Teléfono: 53-45-30-00 Ext: 3497, 5203

Twitter: https://twitter.com/GOrtizGlez

Facebook: https://www.facebook.com/GOrtizGlez/?fref=ts

 

cumbre_lilia_5Lilia Merodio

Correo electrónico:[email protected]

Teléfono: 53-45-30-00 Ext: 3046, 5309

Twitter: https://twitter.com/LiliaMerodio

Facebook: https://www.facebook.com/liliamerodioreza/?fref=ts

Patricio-y-Cesar1Patricio Martínez

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: 53-45-30-00 Ext: 3552

Twitter: https://twitter.com/PatricioMtz2012

Facebook: https://www.facebook.com/patriciomg2012/?fref=ts

 

¿Cuáles son las 3 declaraciones que piden presentar 3 de 3?

La declaración patrimonial es la que establece la cantidad de bienes que tiene el declarante, además de estimar su valor. Se busca que se haga pública para monitorear el patrimonio de los servidores al inicio y fin del desempeño del cargo, evitando así el enriquecimiento ilícito. Algunos bienes que se incluyen son: inmuebles, vehículos, muebles, obras de arte e ingresos.

La declaración fiscal es la más simple de las tres, pues es solamente un comprobante de que el funcionario, servidor o candidato a cumplido con el pago de los impuestos; es un documento emitido por el SAT.

La declaración de intereses es el documento en el que se presentan los «intereses económicos y financieros, actividades profesionales y empresariales y otros intereses tanto del declarante como de sus familiares en primer grado y dependientes económicos» (IMCO, 2015). El fin es determinar si las actividades del declarante o de su familia pudieran interferir con el ejercicio de sus labores como servidor público.

La imagen que circula en redes sociales

telefonos

 

Fuente: Referente

México

México y Estados Unidos pactan entregas de agua del río Bravo bajo tratado de 1944

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México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo técnico para la gestión y entrega de agua en la cuenca del río Bravo, en apego al Tratado de Aguas de 1944, en un contexto marcado por una sequía extrema que ha presionado a comunidades, productores agrícolas y ecosistemas a ambos lados de la frontera.

El entendimiento es resultado de meses de negociaciones técnicas y políticas, y tiene como objetivo garantizar el cumplimiento del tratado, al tiempo que se protege el derecho humano al agua y a la alimentación. A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Medio Ambiente, junto con la Comisión Nacional del Agua, confirmaron el compromiso de México para realizar entregas mínimas anuales conforme a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos establecidos en el acuerdo binacional.

Como parte del nuevo esquema, México se comprometió a entregar al menos 350 mil acres-pie de agua por año, equivalentes a 431.7 millones de metros cúbicos, durante el próximo ciclo de cinco años. Este volumen permitirá avanzar en el cumplimiento del tratado mientras se implementa un plan para saldar la deuda acumulada del periodo quinquenal anterior y evitar nuevos déficits hídricos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el acuerdo fue construido en coordinación con los gobernadores de los estados del norte del país, con el fin de diseñar un esquema de afectación mínima que permita cumplir con los compromisos internacionales sin comprometer el abasto interno. Entre las entidades involucradas se encuentran Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Sonora, regiones que dependen en gran medida del río Bravo para el consumo humano y las actividades productivas.

El plan técnico acordado contempla una gestión más ordenada del recurso, reuniones mensuales de seguimiento y acciones de planeación de largo plazo que incluyen infraestructura, adaptación al cambio climático y una distribución más previsible del agua. Autoridades mexicanas subrayaron que el Tratado de 1944 continúa siendo un instrumento clave para salvaguardar los intereses nacionales y la estabilidad agrícola.

Desde Estados Unidos, funcionarios señalaron que el acuerdo fortalece la seguridad hídrica del sur de Texas y beneficia a agricultores y ganaderos del Valle del Bajo Río Grande, en una región afectada por la caída histórica de los niveles del río, la sobreexplotación y la contaminación del afluente.

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