El procurador general de Texas, Ken Paxton, instó este martes a una Corte Federal con sede en San Francisco, California, que dictamine que las mujeres inmigrantes indocumentadas en Estados Unidos no tienen derecho a los servicios de aborto.

Paxton presentó una moción ante la Corte, en defensa del derecho del gobierno federal a negar el acceso a servicios de aborto a una menor de edad indocumentada que se encuentra detenida en Texas y es identificada ante el tribunal con el nombre general de “Jane Doe”.

La adolescente, de 17 años, ingresó a Estados Unidos sin sus padres, y permanece detenida en un albergue financiado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en Brownsville.

Ninguna Corte Federal ha declarado jamás que las extranjeras que se encuentran ilegalmente sin vínculos sustanciales con este país tienen derecho constitucional al aborto por petición», señaló Paxton en un comunicado.

Si prevalece ‘Doe’ en este caso, el fallo creará un derecho al aborto para cualquier persona en la tierra que entre ilegalmente a Estados Unidos”, indicó.

«Y con ese derecho, innumerables otras sin duda seguirían. Texas no debe convertirse en un estado de santuario para los abortos».

En la moción, Paxton añadió a la corte que Texas tiene un interés legítimo y sustancial en preservar y promover la vida fetal.

Así como un interés en promover el respeto por la vida humana en todas las etapas del embarazo».

La joven indocumentada detenida en Texas usa un litigio pendiente en California entre la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y el gobierno federal, para obtener un alivio de emergencia de un juez que le permita obtener un aborto.

La demanda, presentada por la ACLU el año pasado, se centra en los contratos entre el gobierno federal y las organizaciones que prestan atención a menores no acompañados que entran ilegalmente en el país y se encuentran bajo la custodia del gobierno federal

La querella argumenta que estas organizaciones, incluida la Conferencia de Obispos Católicos de EU, están autorizadas a rechazar cierta atención a estos menores por motivos religiosos, incluido el acceso a la anticoncepción y el aborto.

«La decisión de los acusados ??de autorizar esta denegación religiosa de servicios tiene consecuencias extraordinarias para la población menor inmigrante no acompañada vulnerable», señala la demanda de la ACLU presentada en 2016.

En Texas, los menores deben tener permiso de un padre o tutor para tener acceso a servicios de aborto; también pueden pedir a un juez una exención judicial, lo que les permite hacerlo sin informar a sus padres.

A principios de este mes, la joven indocumentada presentó una declaración en el caso al afirmar que los funcionarios federales no le permitirían viajar a un centro de salud para servicios de aborto, a pesar de que obtuvo una exención judicial y tenía una cita programada.

«En su declaración, la adolescente escribe que, en lugar de eso, el gobierno federal la obligó a recibir consejería de un centro religioso afiliado de crisis de embarazo. »

«Siento que están tratando de coaccionarme para llevar mi embarazo a término», escribió.