El Tribunal Federal de Justicia Administrativa abrió un procedimiento por presuntas faltas graves contra consejeros del Instituto Nacional Electoral, entre ellos el ex consejero presidente Lorenzo Córdova, por haber votado en 2021 a favor de aplazar la consulta de revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, ejercicio que finalmente se realizó en abril de 2022.

El caso fue impulsado por el Órgano Interno de Control del INE, que entregó un informe de presunta responsabilidad administrativa por abuso de funciones. Entre los señalados están los ex consejeros Ciro Murayama y Roberto Ruiz, así como los consejeros en funciones Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera. Dado que la acusación fue catalogada como falta grave, corresponde al TFJA revisar el expediente y, en su caso, determinar una sanción que podría llegar a la inhabilitación hasta por veinte años para ocupar cargos públicos.

Aunque también existe la posibilidad de destituir a los consejeros que continúan en funciones, no está claro si el Tribunal tiene facultades para aplicar esa medida contra integrantes de un órgano autónomo designado por la Cámara de Diputados. La consejera Dania Ravel cuestionó el alcance del procedimiento y afirmó que la decisión adoptada en 2021 respondió a criterios jurídicos, técnicos y operativos, por lo que considera difícil que derive en una infracción administrativa.

Las acciones del Órgano Interno de Control han generado críticas sobre la autonomía del INE y la libertad de sus consejeros para emitir votos sin presión externa. La presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, rechazó que los integrantes del Consejo General puedan ser investigados por las razones que motivan sus decisiones. El organismo electoral solicitó ser reconocido como tercero interesado en el procedimiento.

La Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del TFJA acordó el inicio del expediente el 3 de noviembre bajo el número 1676/25-RA1-01-1, aunque la admisión fue notificada el 11 del mismo mes. La magistrada María Ozana Salazar Pérez, nombrada en 2018, está a cargo del análisis del caso.

La admisión del procedimiento confirma que la presunta falta se considera grave. Los consejeros señalados podrán presentar sus defensas ante las instancias del propio Tribunal y, en caso necesario, acudir al Poder Judicial Federal mediante un amparo directo. El proceso continuará en las próximas semanas mientras se evalúan los argumentos y las posibles consecuencias legales.