La transformación de la PGR en una Fiscalía General de la República profesional, autónoma y sin parches legislativos costará 80 millones de dólares, equivalentes a mil 440 millones de pesos, y requerirá de cuatro años de constante trabajo supervisado por expertos nacionales e internacionales.

El dinero provendrá de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), institución que calificó esta colaboración como “el proyecto, por su escala, más grande e importante nunca antes realizado por el BID”, y su ejecución comenzará en los primeros meses del próximo año.

Así lo revela el documento Desafíos y Acciones para Consolidar el Sistema Penal Acusatorio, que el exprocurador general de la República, Raúl Cervantes, entregó al Senado y que ayer fue notificado al pleno de los senadores.

Nuestro diagnóstico institucional indica que, a lo largo de los últimos cien años, la duración promedio de los procuradores en su encargo ha sido de menos de dos años. Desde esa perspectiva, el desarrollo de la PGR ha sido más el resultado de las coyunturas legislativas nacionales y del estilo de la o del titular en turno que de un ejercicio de desarrollo organizacional sistemático y con misión de largo plazo. Por ello, desde la PGR nos hemos propuesto terminar con esa improvisación”, indica el documento.

Así, durante el año que Raúl Cervantes encabezó la Procuraduría, se trabajó para sentar las bases que permitan transformar al Ministerio Público federal en “una organización de excelencia en la prestación del servicio público de procuración de justicia, bajo el sistema penal acusatorio; de alto reconocimiento social por su imparcialidad, objetividad y capacidad técnica; con un servicio de carrera que ofrezca a sus empleados un desarrollo humano integral y genere orgullo institucional, y que esos factores sean auto sostenibles”.

Las bases colocadas para esta transformación se apegan a las mejores prácticas internacionales; se creó el Fideicomiso para la Ejecución de los Programas de Mejora de la Prestación del Servicio de Procuración de Justicia Bajo el Sistema Penal Acusatorio, para garantizar que el dinero invertido no se desvíe a ningún otro propósito y se garantice la transparencia, control, continuidad, estabilidad, aprovechamiento integral e imparcialidad.

Se ejecutarán Programas de Mejora, a partir de un Comité Técnico y un Consejo de Expertos Invitados “con capacidad para opinar sobre el diseño y ejecución de los Programas de Mejora, y que tiene por objeto constituirse en un mecanismo de control de calidad de los trabajos”.

Aclara que el perfil de los integrantes de este consejo es de “personas con amplio reconocimiento y reputación profesional y moral, con experiencia probada en la creación de instituciones públicas, prestadoras de servicios de alta complejidad y volumen, que se han mantenido eficientes e íntegras con el paso del tiempo o que tengan experiencia en la gestión de organizaciones de procuración de justicia bajo sistemas acusatorios”.

El documento añade que la PGR y la Secretaría de Hacienda analizaron formas de financiamiento de esta transformación y consideraron que la mejor opción es el BID, y, así, se acordó “crear un marco metodológico de ejecución de cuatro años, que permita dar continuidad a la implementación del Plan Estratégico de la Arquitectura Institucional y de la estrategia de Administración del Cambio, entre otros.

Como primer paso, el BID autorizó cien mil dólares en fondos no reembolsables, para desarrollar el plan maestro y el modelo financiero para la transformación de la PGR. Esta fase concluirá en diciembre de 2017”, dice el documento; los 100 mil dólares equivalen a un millón 800 mil pesos, en función del tipo de cambio promedio de 18 pesos por dólar.