El Gobierno de Bolivia ha acusado al expresidente Evo Morales de liderar una presunta red de narcotráfico que operaría desde el Trópico de Cochabamba, una de las principales zonas productoras de hoja de coca en el país y un bastión político del exmandatario. La acusación fue confirmada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien afirmó que Morales tendría el control de las actividades relacionadas con la producción y distribución de drogas en esa región.

Oviedo indicó que los recursos provenientes del Trópico de Cochabamba habrían sido utilizados para financiar los bloqueos y protestas que se llevaron a cabo entre mayo y junio, movilizaciones que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Durante los operativos realizados en el contexto de estas protestas, se detectó el movimiento de más de ocho millones de bolivianos que, según las autoridades, estarían vinculados a actividades ilícitas en la región.

Las protestas y bloqueos de carreteras se prolongaron durante 53 días y fueron impulsadas por organizaciones campesinas, sectores sindicales y grupos afines a Morales, quienes responsabilizaban al gobierno de Paz por la crisis económica que ha afectado a Bolivia en los últimos años. Este conflicto dejó un saldo de 16 personas fallecidas, la mayoría de ellas debido a la falta de acceso a atención médica a causa de los cortes de rutas.

La Fiscalía boliviana ha abierto una investigación penal contra Evo Morales por presuntos delitos de alzamiento armado y terrorismo, en relación con la organización de las protestas. En el marco de esta causa, existe una orden de captura vigente contra el exmandatario. Además, Morales enfrenta otra orden de detención en una investigación por presunta trata agravada de personas, en la que se le señala por haber mantenido una relación con una menor de edad durante su mandato y por haber tenido un hijo con ella en 2016.