Política

Trump amenaza vetar acuerdo presupuestal por DACA y muro

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con vetar el acuerdo presupuestal aprobado por el Senado y la Cámara Baja, argumentando que no incluyó un alivio migratorio para los “dreamers” ni los fondos suficientes para el muro fronterizo.

«Estoy considerando un VETO a la Ley General de Gastos con base en el hecho de que los 800 mil beneficiarios de DACA (Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia) han sido totalmente abandonados por los demócratas”, señaló Trump en un mensaje de su cuenta de Twitter.

“Y el MURO FRONTERIZO, que se necesita desesperadamente para nuestra defensa nacional, no fue financiado completamente”, añadió.
Si el presidente veta la iniciativa, se requieren dos terceras partes de los votos en la Cámara de Representantes y el Senado para ignorar el veto. Si no hay una solución antes de la medianoche de este viernes, el gobierno federal cerrará parcialmente el primer minuto del sábado.

La amenaza de veto de Trump causó sorpresa en Washington toda vez que colaboradores de la Casa Blanca habían asegurado a los negociadores republicanos y demócratas del Congreso que el mandatario promulgaría la ley de gastos, cuyo trámite legislativo fue completado después de la medianoche.

El Senado se sumó esta madrugada a la Cámara de Representantes para aprobar el paquete presupuestal por 1.3 billones de dólares que financia al gobierno federal hasta el 30 de septiembre.

El masivo paquete de más de dos mil 300 páginas de extensión excluyó todo arreglo para DACA e incluyó 641 millones de dólares para la construcción de 33 millas de nuevas bardas y diques en la frontera, pero no para el propuesto muro de concreto del presidente.

Los recursos para las bardas y diques forman parte de una asignación de 1.6 mil millones de dólares en seguridad fronteriza, incluidas mejoras tecnológicas, reparación de bardas existentes, barreras secundarias y peatonales.

El lenguaje del acuerdo establece con precisión que las barreras físicas corresponden a bardas y diques, pero no al muro de concreto propuesto por Trump. De hecho, la construcción de las bardas había sido contemplada desde la Ley de Bardas Seguras de 2006.

El paquete incluyó fondos para combatir la epidemia de adicción a los opiáceos que cuesta la vida a más de 60 mil estadunidenses al año, pero excluyó los recursos para la ampliación del número de espacios de detención migratoria.

Política

Expolicías federales denuncian recortes salariales y hostigamiento laboral

Elementos de la extinta Policía Federal han denunciado un recorte salarial del 70 por ciento en su última quincena, así como la suspensión de sus actividades y la prohibición de firmar asistencia, tras negarse a aceptar tareas de vigilancia en edificios gubernamentales asignadas por el Servicio de Protección Federal. La denuncia fue realizada el 2 de octubre de 2026 por Mayra, exintegrante de la Policía Federal, quien destacó que esta reducción salarial afecta gravemente el bienestar de sus familias, impactando en aspectos esenciales como la alimentación, la educación de sus hijos, el pago de créditos y el transporte.

Mayra exigió que cualquier sanción o suspensión sea notificada por escrito y conforme a la legalidad, para evitar afectaciones en su situación laboral. Los agentes afectados consideran que esta medida es una represalia por haber solicitado su reincorporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de acuerdo con un decreto emitido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Los exagentes argumentan que no se oponen a trabajar, sino que poseen estudios de licenciatura, maestría y capacitaciones en el extranjero, lo que les lleva a considerar que las labores propuestas no se ajustan a su perfil profesional.

Por su parte, la SSPC informó que actualmente siete mil 121 elementos están desempeñando funciones operativas y administrativas, mientras que 84 de ellos mantienen su negativa a incorporarse al servicio asignado. Ante esta situación, el Consejo de Honor ha determinado como medida preventiva que los involucrados reciban un mínimo vital, equivalente al 30 por ciento de sus percepciones.

Mariana, otra exintegrante de la Policía Federal, acusó que desde la creación de la Guardia Nacional en 2018 y 2019, han enfrentado un proceso sistemático de hostigamiento para forzarlos a renunciar. Además, denunció violaciones al debido proceso, al señalar que se les ha negado el acceso a los expedientes administrativos y a las notificaciones formales correspondientes.