El gobierno de Donald Trump ahora enfrenta un plazo claro para reunificar a las familias inmigrantes que separó en la frontera con México, luego de que un juez federal le ordenó reunir a miles de niños con sus padres dentro de 30 días, incluso más pronto si se trata de menores de cinco años.

El plazo fue fijado el martes por la noche por el jueza Dana Sabraw en San Diego, luego que la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump derogando la política de separación familiar desató un caos e incertidumbre, pues el gobierno no aclaró cuándo podrán los padres volver a ver sus hijos.

Esta situación ha alcanzado niveles de crisis», escribió Sabraw.

Su fallo presenta al gobierno de Trump una amplia variedad de problemas logísticos y no queda claro cómo podrá cumplir con el plazo.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS por sus siglas en inglés), que está a cargo de los menores, refirió cualquier pregunta al Departamento de Justicia, que a su vez, dijo que el fallo «hace más imperativo que nunca que el Congreso finalmente actúe para darle a las agencias federales del orden la habilidad de hacer cumplir las leyes y de mantener unidas a las familias… Sin esta acción por parte del Congreso, el caos en la frontera continuará».
Sabraw, quien fue designado por el entonces presidente George W. Bush, dijo que los niños menores de 5 años deben ser devueltos a sus padres dentro de 14 días.

Además decretó una prohibición nacional contra toda separación de familias en el futuro, a menos que se determine que el padre no esté en condiciones de ejercer sus responsabilidades o no desea quedarse con el menor y le ordenó al gobierno facilitar el contacto telefónico entre todo hijo y sus padres dentro de 10 días.

El caso fue presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que demandó en marzo en nombre de una niña de 7 años de edad que había sido separada de una madre congolesa y en nombre de un joven de 14 años que había sido separado de su madre brasileña.

Correrán las lágrimas de alegría en los centros de detención de todo el país cuando las familias se enteren que podrán ser reunificadas», dijo Lee Gelernt, un abogado de la ACLU.

Más de 2 mil menores de edad han sido separados de sus padres en semanas recientes y colocados en albergues administrados por el gobierno -en ocasiones a cientos de kilómetros de distancia- bajo la política de separar a familiares detenidos luego de entrar ilegalmente a territorio estadunidense.

Ante el oprobio mundial causado por la política, Trump firmó la semana pasada una orden ejecutiva poniendo fin a la práctica, pero sigue reinando la confusión.