La empresa de transporte privado Uber anunció la suspensión de su llegada al estado de Durango luego de la férrea resistencia de los sindicatos y de las amenazas que recibió por parte del gobierno local al criminalizar el servicio y señalar que serían detenidos todos aquellos socios de esta modalidad de transporte.

Luis De Uriarte, vocero de Uber, atribuyó la suspensión a la amenaza del director de Transportes del gobierno del estado, Juan Francisco Soto Ledezma, ya que muchas veces los criminalizó y advirtió que quien prestara el servicio de Uber incurriría en un delito y sería castigado con cárcel.

En ese tenor, Durango no tiene condiciones para dar esta oportunidad de autoempleo a sus ciudadanos, ni a mejorar el transporte. Es lamentable que Durango se cierre de esta manera, a pesar de que es el séptimo estado con mayor desempleo en el país.

La decisión de la empresa para suspender su llegada es tanto en la capital del estado, como a la ciudad de Gómez Palacio, cuya proyección en generación de empleos era de 5 mil y 8 mil, respectivamente; es decir que se perdieron 13 mil empleos para los duranguenses.

La entrada de Uber a la zona norte se tenía prevista en las entidades de Durango y Coahuila; únicamente se suspendió en Durango y Gómez Palacio, de tal suerte que en Torreón y Saltillo, Coahuila, comenzará a operar a partir del próximo 2 de agosto.

Posterior a que se conoció la noticia, empresarios locales, calificaron de caciques y dinosaurios a los sindicatos del transporte y criticaron la poca disponibilidad de gobierno del Estado, ya que está frenando una oportunidad de empleo y desarrollo económico.

Por su parte el secretario general de gobierno, Miguel Ángel Olvera Escalera y Juan Soto Ledezma, director de Transportes, ofrecieron una conferencia donde señalaron que el marco jurídico local no permite la prestación de un servicio como Uber. El Artículo 360 del Código Penal refiere: «A quien posea, conduzca o preste el servicio público de transporte a pasajeros, carga o mixto, sin concesión, permiso o autorización del gobierno del estado se le aplicará una sanción de 2 a 7 años de prisión, así como una multa de 880 a 2 mil 230 días de salario mínimo».

Además, aseguraron que no hubo ningún acercamiento formal por parte de los directivos de la empresa en mención, ya que por escrito no tiene ninguna solicitud para operar en la entidad; descartaron haber sido sometidos por los líderes sindicales que tienen asentada una mafia.
Jorge Balderrama, directivo de políticas de Uber, tuvo comunicación vía telefónica con el secretario de gobierno, llamada en la que le hizo énfasis en la no existencia de una solicitud escrita para iniciar operaciones y también se dejó abierta la posibilidad de una nueva cita para negociar en un futuro próximo.

Uber le planteó que preferían no exponer a los socios de la empresa a ser perseguidos y encarcelados por la Dirección de Transportes de Durango.

El Financiero