Tradeco, la constructora favorecida desde los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, y actualmente por el priista Enrique Peña Nieto, continúa en una batalla contra grupos civiles que se oponen a la construcción del túnel 1 de la segunda etapa del Libramiento Sur, en el tramo Ramal Camelinas en Morelia, Michoacán.

El Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma Santa María ha denunciado reiteradamente que la obra viola la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que establece la cancelación de cualquier proyecto que invada un polígono protegido y aunque el libramiento incurre en ese acto en el Área Natural Protegida de la Loma de Santa María y Depresiones Aledañas, donde habitan más de mil 200 especies de flora y fauna, –de las cuales dos están amenazadas y en peligro de extinción y hay aves que se encuentran en la categoría de protección especial–, los trabajos continúan.

“Aunque la Ley General de Equilibrio Ecológico establece que cruzar un Área Natural Protegida inhabilita cualquier proyecto, Tradeco sigue. Hay una colusión interinstitucional de los tres niveles de Gobierno, aunque nosotros hemos demostrado la ilegalidad y la obra sigue avanzando –no al ritmo que ellos quisieran porque la predicción de los expertos es que van a encontrar fallas geológicas y laderas inestables–”, dijo en entrevista para SinEmbargo, Moctezuma Madrigal Mercado, uno de los cuatro voceros del movimiento que se opone a la obra.

Las especies que habitan la zona y se encuentran en peligro de extinción son la rana moctezuma y la salamandra de arroyo michoacana, esta última es endémica. La próxima semana, los activistas interpondrán un amparo con el argumento de dichas especies, ya que así se les puede negar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Además de la ilegalidad de la obra, su construcción provocaría incluso “una catástrofe anunciada”. De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el sitio se cruzan tres fallas geológicas y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) habla ya de que son cuatro.

“Habrá una reactivación de las laderas y la falla geológica rompe cualquier estructura, de hecho las casas que están alrededor del proyecto carretero están destrozadas por el efecto de las fallas, están cuarteadas, se están cayendo –sin obra–, los expertos dicen que la obra va a reactivar las fallas y puede generar un deslave de más de 500 metros”, denunció el activista.

GOBIERNOS COLUDIDOS

El desarrollo del libramiento, de acuerdo con el movimiento, “es un pretexto para urbanizar y un capricho para tratar de conectar un centro comercial del señor Francisco Medina [Chávez], muy amigo del ex Presidente Felipe Calderón [Hinojosa], que se presume como el centro comercial a cielo abierto más grande de América Latina, pero que está en quiebra porque no llega gente”.

Al inicio, en 2012, el Gobierno de Enrique Peña Nieto detuvo el avance de la obra por presiones del Movimiento, sin embargo, el activista señaló que en reunión con Raúl Murrieta Cummings, Subsecretario de Infraestructura en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dijo al funcionario que al ser una obra fuera de su Gobierno, tenía los elementos para detenerla con el argumento de que la ley no se cumplía, no obstante, “él nos contestó que si las obras de la SCT cumplieran con la ley, no harían nada en este país. Allí nos quedó claro que en ese momento ellos iban a dejar que avanzara la obra y así fue”.

“Empezaron a impulsar, destrabaron presupuesto para 2014, del cual ha habido un subejercicio de más del 90 por ciento. Del 2012 a la fecha se les han asignado mil millones de pesos y han ejercido solo cien. De mil millones que se les han dado en cuatro años, solo han ejercido cien, esto te habla del nivel de conflicto de la obra, del nivel de imposibilidad técnica política, social y jurídica de hacerlo. Si tienes presupuesto lo ejerces”, puntualizó.

Aunado a ello, acusó que en el Gobierno de Michoacán, con Silvano Aureoles Cornejo a la cabeza, “hemos encontrado mucha indiferencia por parte de su jefe de sector que es el Secretario de Urbanismo Ricardo Luna, al principio hubo mucho diálogo, pero después se cerró. Nosotros fuimos a entregarle las 10 mil firmas al Gobernador y nos sacaron sus guaruras”, denunció.

Hace un par de meses, miembros del Movimiento dialogaron con representantes del Gobierno michoacano y ofrecieron dejar la lucha si eran capaces de demostrar la legalidad de la obra, sin debatir sobre la seguridad y el impacto ambiental, no obstante, hasta el momento no han recibido respuesta.

“Ya pasaron tres meses y no nos han mostrado ningún documento. Ese es el nivel de ilegalidad de la obra”, reveló.

Y agregó: “nos quieren aplicar lo de la supervía, que es hasta que se termine la obra van a decir ‘tenían razón ustedes’, el problema es que no avanzan tan rápido por la naturaleza.

En el plano de la vida, hay por lo menos 14 mil personas en riesgo. “La UNAM dice que es difícil predecir cuándo va a ocurrir un derrumbe, pero que las condiciones que se establecen en el terreno son de alto riesgo. Si la máxima casa de estudios dice que hay un alto riesgo y la Michoacana dice que hay un alto riesgo, pues algo debe de haber”, comentó el activista.

Otra afección provocada por la obra, sería en la principal fuente de abastecimiento de agua de la capital, ya que la zona suministra el 40 por ciento del vital líquido que consume la entidad. “Va a generar sequía y la reactivación inmediata de las fallas geológicas”, subrayó.

En materia ambiental, -dijo– “estamos hablando de un verdadero ecocidio, que si nos escandalizó Tajamar y otros casos alarmantes, esto es gravísimo porque el proyecto se construye en el último bosque de la ciudad, donde habitan más de mil 200 especies de flora y fauna”.

Además, desde el punto de vista económico, es una obra que cuesta mil 200 millones de pesos de presupuesto público, a pesar de tener una extensión de sólo 4 kilómetros, es decir, 300 millones por kilómetro, para beneficiar sólo a 4 mil autómovilistas diariamente.

“Es una burla para un país con más de 55 millones de pobres que se destine esa cantidad de recursos para ayudar a la constructora del ex Presidente Felipe Calderón”, recriminó Madrigal Mercado, quien se ha enfrentado a amenazas y difamaciones por defender los recursos naturales.

Fuente: SinEmbargo