El pleno del Senado aprobó esta tarde por unanimidad la Ley contra la Tortura y la turnó al Ejecutivo federal para su promulgación. Con ello concluyó el proceso legislativo en torno a esta legislación, que estaba pendiente desde hace un año.
Los senadores aceptaron los cambios que realizó la Cámara de Diputados a la minuta. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña destacó en tribuna la importancia de que “el gobierno haya recapacitado, y lo que no se logró en el Senado, sí se hizo en la Cámara de Diputados, esto es que el gobierno aceptó que todas las pruebas obtenidas bajo tortura serán desechadas”.
Asimismo, enfatizó que otro de los cambios importantes que hizo la Cámara de Diputados a la minuta del Senado fue en el Artículo 13, relativo a la responsabilidad de los mandos jerárquicos cuando sus subalternos incurran en prácticas de tortura. “Estimamos oportuno que el segundo párrafo de este Artículo haya sido modificado a efecto de que los superiores jerárquicos sean considerados autores del delito de conformidad con lo previsto en la legislación penal aplicable, lo cual, atiende la inquietud externada en el sentido de que un superior jerárquico no solamente podría ser considerados responsable cuando ordenara a otro la comisión de ilícito”.
Otra de las modificaciones detalló fue la reforma a la fracción séptima del Artículo 6 a efecto de que se enuncie expresamente como un principio normativo de la ley, la prohibición absoluta de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
De igual forma, dijo, se aceptó la modificación del párrafo segundo del Artículo 16 y se adicionó un tercero, a fin de garantizar que los servidores públicos investigados o vinculados a proceso no puedan interferir u obstaculizar las investigaciones. Además de que dichos servidores públicos pueden ser sujetos de suspensión, se les podrán imponer medidas cautelares, así como medidas administrativas y provisionales.
Asimismo, explicó se aceptaron modificaciones a los Artículos 63, 66 al 71 en lo que tiene que ver con el mecanismo nacional de prevención contra la tortura adscrito a la CNDH. También se modificaron los Artículos del 72 al 77, el 78, 79, 81 y 91 sobre este mismo tema.
Lamentó sin embargo que con la reforma de la Cámara de Diputados se eliminó de la ley general del sistema nacional de seguridad pública, los cambios que establecían que el registro administrativo de la detención deberá realizarse inmediatamente después de las detención a través del dispositivo electrónico de localización geográfica en tiempo real y envío de datos. “En este aspecto quiero manifestar, que en este particular tema sí tuvimos diferencia sustantiva con la Cámara de Diputados. Sin embrago, tenemos el compromiso para garantizar que existan otros elementos que coadyuven a que se atienda este reclamo, de que cuando una persona es detenida, se tenga la total certidumbre de que esa detención es de manera legal, sin tortura y entregada de manera diligente al MP, para prevenir otros delitos, como el de desaparición forzada”.
Las presidentas de las comisiones de Gobernación, la priísta Cristian Díaz y la de Justicia, Pilar Ortega (PAN) también manifestaron su aceptación a los cambios que realizó la Cámara de Diputados. La panista manifestó que de 2006 al 31 de diciembre de 2015 se registraron 4 mil 415 quejas de tratos crueles, inhumanos o degradantes y sin embargo hubo pocos resultados de la investigación por tortura.
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