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Chihuahua

Ya investigan quién hackeó a la gobernadora Campos

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, señaló que no descarta que el hackeo que sufrió la gobernadora Maru Campos Galván en su celular se trate de un asunto político, sin embargo puntualizó que serán las investigaciones las que determinen quién cometió este acto y con qué motivo.

 

Ayer, la mandatario informó que el número celular que usaba hasta el momento, el 6141002046, fue intervenido para enviar mensajes pidiendo dinero, por lo que alertó a las personas de no caer en la estafa.

“Yo creo que era muy fácil detectarlo, espero que nadie haya caído porque hubo mcha gente que s´lo reportó y bueno la gobernadroa tenía que necesarimaente alertar de que se trataba de un hackeo y se trataba de un fraude”, dijo el funcionario.

 

Jáuregui Moreno señaló que él no recibió ningún mensaje porque quizá los responsables sabían que no podrían engañarlo y que desconoce cuál era el monto que solicitaban o si alguien fue cayó en la estafa pero espera que no haya sido así pues se trataba de una estrategia muy burda.

 

“Todos somos sujetos de que nos realicen ese tipo de cuestiones. Yo esper que no haya sido una intervención directa a teléfono, sido que una y exclusivamente se haya usado a través de otro aparato el número, pero serán las investigaciones para que no vaya a ocurrir por cuestiones de seguridad, que se pueda hackear ni el teléfono de la gobernadora ni de ninguno de los funcionarios involucrados por ejemplo en la seguridad”.

 

Chihuahua

Así ordenaron la aprehensión de César Jáuregui en Chihuahua

Un oficio atribuido al Poder Judicial de Chihuahua detalla los delitos por los que se habría autorizado la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Chihuahua, Chih.— Un documento atribuido al Poder Judicial del Estado de Chihuahua revela los términos de una resolución mediante la cual se habría ordenado la aprehensión de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.

El documento, identificado con el número de oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, está dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado.

En el apartado de resolutivos aparece expresamente la instrucción de librar órdenes de aprehensión contra ambos señalados.

¿De qué se acusa a César Jáuregui?

Según el oficio, la resolución contempla dos señalamientos contra César Gustavo Jáuregui Moreno.

El primero corresponde a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente. En este caso, se le señala como presunto coautor junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo.

El segundo corresponde a otra hipótesis del delito de ejercicio ilegal del servicio público, prevista en la fracción IV del artículo 253 del mismo ordenamiento, por la cual se le atribuye la calidad de autor material.

Por su parte, Zuany Portillo también aparece señalado por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, contemplado en el artículo 308 del Código Penal estatal.

¿Cómo se autorizó la orden de captura?

El documento establece que la autoridad judicial valoró los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.

Tras esa valoración, el tribunal habría autorizado las órdenes de aprehensión y dispuesto la entrega de tres copias certificadas del oficio al Ministerio Público.

La resolución también señala que los imputados deberán recibir una copia al momento de su captura y ser puestos inmediatamente a disposición del tribunal correspondiente.

Lo que todavía falta por esclarecer

Aunque el documento describe los delitos atribuidos y las disposiciones judiciales para ejecutar las capturas, la imagen difundida no contiene los antecedentes completos de la investigación ni permite conocer los hechos específicos que habrían motivado las imputaciones.

Tampoco permite establecer si las órdenes continúan vigentes, si fueron ejecutadas o si existen determinaciones judiciales posteriores.

La autenticidad del oficio y la existencia de las órdenes de aprehensión requieren confirmación independiente ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

En cualquier caso, una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria y las personas señaladas conservan su presunción de inocencia.

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