El 2 de octubre de 1968 se vivió la masacre más brutal encabezada por el gobierno de México en contra de civiles. Murieron cientos de estudiantes por órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien dijo a la prensa extranjera que hubo 26 muertos cuando la cifra fue de mínimo 100, algunos dijeron que fueron 300, otros que hasta 600. A 47 años, todavía la cifra exacta es desconocida.

Año con año activistas, familiares, estudiantes, civiles, periodistas, recuerdan esta matanza histórica, pero ¿qué hemos aprendido? O será que ya se nos olvidó no olvidar este suceso. Muchos prometieron no volver a votar por el PRI, ese PRI represor, sangriento, violento, pero seguimos viendo el triunfo de este partido en la mayoría de los estados del país. ¿Será que realmente no tenemos memoria?

Lo que sucedió con los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, nos vuelve a poner la pregunta en la boca. A un año de este hecho, el gobierno de Enrique Peña Nieto crea versiones oficiales que no concuerdan con la realidad. Parece que así como muchos murieron y desaparecieron ese 2 de octubre y jamás se supo qué pasó con ellos, puede ser el destino del caso de los normalistas.

Se convoca a marchas, se realizan escritos, intelectuales, artistas y periodistas se pronuncian en contra de la corrupción, de la violencia de su gobierno, pero no pasa nada. Se va a los tribunales y no pasa nada, los políticos y su fuero son intocables. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar justicia en un país donde reina la corrupción?

Por otra parte, en Chihuahua ¿se tratará de un desconocimiento total de la Ley de Protección Civil o es simplemente que a nadie se le da la gana aplicarla? El coordinador estatal, Luis Luján Peña, atribuyó el accidente en las Dunas de Samalayuca a que se desconoce y por eso no se aplica. ¿Pero que no hay nadie que asesore a los funcionarios?

Se supone que las leyes se hicieron para cumplirse y aplicarse, pero en México pareciera que son fábulas que escribe un loco que nadie quiere leer. Cuando se llega a un puesto público, ¿no debería asesorarse a ese funcionario y explicarle lo que debe saber y conocer para que este a su vez pueda disponer, autorizar, aprobar algún evento o lo que sea? Parece que eso es lo de menos.

Es el segundo accidente –visible o al menos mediatizado– que ocurre porque ninguna autoridad le puso ganitas a que un evento tuviera que cumplir con las normas para garantizar la seguridad de  los asistentes. Si hablamos de los organizadores… el negocio es lo que importa en estos casos y si la autoridad no está pegada para ver si se aplican o no las recomendaciones, ahí tenemos el resultado.

Dos de los organizadores ya huyeron a El Paso, Texas, luego de que se liberara una orden de aprehensión en su contra y se les fuera a buscar a sus casas. El  promotor de ‘Sand Drags Dunas 2015’, Gilberto Galván Cárdenas, y el presidente del Comisariado Ejidal de Villa Luz, Javier Jiménez Moreno, son acusados por homicidio imprudencial.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos ya solicitó un informe al Ayuntamiento de Juárez para deslindar responsabilidades penales, administrativas o civiles en contra de los servidores públicos responsables por participación y omisión. Tienen 15 días para entregarlos.

Aunque el accidente Aeroshow y el de las Dunas tienen características diferentes, los une el hecho de que en ambas la Protección Civil no fue aplicada. Esto debería más allá de castigar a los responsables, replantear qué está pasando con los protocolos de seguridad y por qué no están siendo aplicados como debería.

Los que se van a ir fuerte pero contra Duarte, son los concesionarios del transporte público, quienes acaban de interponer una denuncia de juicio político en contra del gobernador por violentar la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos al firmar como deudor solidario la compra de autobuses del ViveBús, por más de 10 millones de dólares, cuando no tiene facultades para ello y no se lo aprobó el Congreso.

Esto se suma a las acusaciones en contra de César Duarte por desvío de recursos, además de que aseguran, este dinero fue conseguido a través de un crédito solicitado al Banco Unión Progreso, banco del que es dueño Duarte y por el que al parecer ha desviado millones de dólares en beneficio propio. Se le está llenando la bolsa de piedritas al gober…

En el tema de violencia, ahora los estados de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua estarán coordinados para realizar operativos en el Triángulo Dorado y poder detener a los delincuentes que huyan de un estado a otro sin tanta dificultad, por lo que las policías de estos estados podrán rondar por los otros territorios sin problema.

Este operativo aunado con el cambio de representación de la Delegación de la PGR en Chihuahua, que ahora estará encabezado por Edgar Pineda Ramírez, se espera que traiga resultados favorables en la investigación y persecución de delitos de orden federal.