A 18 meses de la denuncia por presuntos casos de violencia sexual en la guardería Gussi, madres de las niñas afectadas se reunieron con la diputada María Antonieta para expresar su preocupación por la falta de avances en las investigaciones de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM). Las madres relataron que sus hijas, algunas de apenas uno, dos y tres años, estaban bajo el cuidado de la guardería cuando ocurrieron los hechos denunciados.

Las madres manifestaron que, además del dolor por lo sucedido, enfrentan la incertidumbre de un proceso que no les ha brindado la certeza de que las autoridades estén investigando con la seriedad que el caso requiere. La diputada destacó la gravedad de las afirmaciones de las madres, quienes señalaron que desde la FEM se ha sugerido que las agresiones podrían haber ocurrido fuera de la guardería, sin que se les presenten elementos suficientes que respalden dicha hipótesis.

“No se puede investigar para encontrar una explicación que exonere antes de investigar a fondo. Si hay niñas que fueron víctimas de violencia sexual, la obligación de la autoridad es esclarecer qué ocurrió, dónde ocurrió y quiénes son responsables”, afirmó la legisladora.

La diputada informó que su equipo jurídico está revisando el estado de los expedientes y que buscará la colaboración de organizaciones especializadas, como Casa Amiga, para apoyar a las familias y definir una estrategia jurídica que exija resultados a las autoridades.

Este caso pone de manifiesto una falla que trasciende el ámbito de una carpeta de investigación, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de las niñas bajo su cuidado. Cuando ocurren incidentes de esta naturaleza, también debe investigar con rigor y proteger a las víctimas.

“No podemos normalizar que unas madres tengan que tocar puertas durante año y medio para conseguir que se investigue lo que ocurrió con sus propias hijas. Las infancias no pueden esperar. Y si alguien, por omisión o negligencia, no está haciendo su trabajo, tendrá que responder por ello”, enfatizó la diputada.

La legisladora reafirmó su compromiso de acompañar a las madres desde su responsabilidad legislativa y utilizará las herramientas a su alcance para exigir que las autoridades competentes actúen con diligencia, perspectiva de infancia y enfoque de derechos humanos, hasta esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas.