Duarte

Ricardo Duarte: otra herencia del Gobernador para Juárez

En Chihuahua fue Horacio Jurado, primo del gobernador César Duarte, la figura que quedó en el centro del destape de los malos manejos y redes de corrupción al interior de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sin embargo, no es el único familiar del gobernador que se ha incrustado en la vida universitaria del estado: su hermano Ricardo se quedará a cargo de la UACJ hasta 2018.

En 2012, dos años después de la elección de César Duarte como gobernador, se realizó la operación política necesaria para colocar a Ricardo Duarte Jáquez como titular de la casa de estudios localizada en Ciudad Juárez. La tarea no fue tan difícil, pues consistió en convencer a los exrectores de la Universidad de operar en favor del hermano del Gobernador, mismos que –coincidentemente – formaban parte de la nómina del Gobierno Estatal. Bastaron seis de los ocho exrectores para que no hubiera demasiadas complicaciones en el proceso.

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Chihuahua

El exsecretario Jaime Herrera Corral tendrá que pagar indemnización de ¡2 mil 723 millones!

Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado durante la administración de César D.J., fue inhabilitado por 10 años por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Así se consta en un documento exhibido de manera parcial, en donde se establece que el pleno de los magistrados del TEJA resolvió declarar que el asunto en contra del exfuncionario estatal no se sobresee, tal y como lo habría solicitado la defensa.

Asimismo, se detalla que sí existen elementos para determinar la comisión de una falta administrativa grave, al considerar que existió el desvío de recursos públicos por parte del sentenciado.

En el documento resolutivo por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se expone que el ciudadano Jaime Ramón Herrera Corral quedará inhabilitado de manera temporal para ejercer o desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.

De igual forma, se establece que tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de 10 años.

Dentro de la sentencia también se estableció que el exfuncionario estatal deberá pagar una cuantiosa indemnización por el concepto de daño patrimonial en contra de la Hacienda Pública Federal.

Dicha indemnización asciende a los 2 mil millones 723 mil pesos, cantidad que se apega al contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentado en el dictamen aprobado por el TEJA.

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