El gobierno de Guanajuato, junto con autoridades de la cancillería y consulares de México, insistió en que la posible ejecución del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez constituye una violación a los derechos del connacional.

Indicó que por ello se ha insistido en la solicitud de revisión jurídica del caso del guanajuatense condenado a muerte por el delito de homicidio.
A esta petición se ha sumado el Senado de la República con un punto de acuerdo para que a través de las instancias correspondientes se pueda revertir la situación en las próximas horas, también se han pronunciado en contra expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Susana Guerra Vallejo, directora del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias, apuntó que el proceso judicial del guanajuatense, presenta irregularidades, tal y como lo hacen constar organismos competentes en la materia como la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Señaló, además, que la cancillería mexicana y el equipo de abogados de Rubén Cárdenas Ramírez, solicitaron la prueba de ADN, la cual en el proceso judicial fue negada.
Guerra Vallejo precisó que desde el pasado 15 de octubre, el gobernador Miguel Márquez Márquez solicitó a través de una carta a Greg Abbott, gobernador de Texas, y a David Gutiérrez, presidente de la Oficina Ejecutiva de la sección de Clemencia, Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas, a convocar a una audiencia de clemencia, revisión y reconsideración del juicio y proceso que se sigue contra Cárdenas Ramírez.

Desde esa solicitud el mandatario estatal ha puntualizado que hay razones importantes para recomendar una concesión de clemencia, ya que incluso la Corte Internacional de Justicia determinó que Estados Unidos violó las disposiciones de notificación consular previstos en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (VCCR), de 50 connacionales incluyendo a Cárdenas Ramírez.

Indicó que éstos tenían derecho a una revisión judicial y reconsideración de sus condenas y sentencias como resultado de las violaciones de sus derechos humanos y derechos consulares.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también revisó la demanda, encontrando que la violación privaba de las normas mínimas del debido proceso y de un juicio justo, por lo que recomendó un nuevo juicio y advirtió que su ejecución constituiría una violación irreparable a los derechos fundamentales de la vida.

Ante la negativa de las autoridades de Texas para revisar el caso de Cárdenas Ramírez, las instancias gubernamentales de México han expresado su preocupación, ya que en este proceso judicial el guanajuatense fue privado de asistencia consular y de representación legal durante sus interrogatorios por parte de la policía y sus declaraciones fueron usadas como evidencia para condenarlo.

Desde ese momento el Gobierno del Estado de Guanajuato ha respaldado a los familiares, solicitando por las vías legales una adecuada intervención consular.