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Política

Reúne Corral a más de 15,000 personas: SHCP lo acusa de extorsión

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El gobernador Javier Corral urgió a la Secretaría de Hacienda que le deposite a su gobierno los recursos que frenó desde diciembre, mientras que a la PGR le pidió que solicite la extradición de César Duarte para continuar las investigaciones relacionadas con corrupción en la pasada administración.

En una reunión este domingo con al menos 15,000 de chihuahuenses, advirtió que no aceptará el “garrotazo” del gobierno, luego de que le frenaran la entrega de 780 millones de pesos.

“El presupuesto como principal instrumento de control político. Como lo diría Denise Dresser: es la zanahoria y el garrote. Te portas bien, le aplaudes al presidente, no le cuestionas nada, asistes a todas las ceremonias como objeto decorativo, te dan recursos. Difieres del primer tema y te dan el garrotazo. No lo vamos a aceptar jamás”, advirtió.

“Ya basta de esta discriminación a nuestro estado… Exigimos un alto a las represalias del gobierno federal por nuestra lucha contra la corrupción”, dijo. Y acotó: “Lo que reclamamos es el incumplimiento de tres convenios firmados en diciembre pasado, ante lo cual se han ofrecido ya tres explicaciones diversas, todas sin sustento”.

“Antes de la detención de Alejandro Gutiérrez (ex secretario general adjunto del PRI detenido a finales del mes pasado), no tuvieron problemas con las cuentas”, apuntó.

Para el mandatario, se está iniciando “un movimiento por la defensa de la dignidad y soberanía del pueblo de Chihuahua”, que confió sea “más grande que todos los partidos juntos de México”.

“Esta será la lucha del pueblo de Chihuahua contra la corrupción… ofrecimos romper el pacto de impunidad hasta sus últimas consecuencias”, apuntaló.

“No nos va a faltar dinero. Porque hasta una colecta hacemos, antes que ponernos de rodillas ante el Presidente de la República“, sentenció Corral.

Corral quiere extororsionarnos: Secretaria de Hacienda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acusó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de querer extorsionarla para obtener recursos económicos que no le corresponden, y anunció que no firmará ningún convenio con las entidades federativas hasta que no se resuelva la controversia constitucional que eventualmente interponga el gobierno de esa entidad, sobre la “licitud y viabilidad” de este tipo de acuerdos.

«No se trata de pelear recursos, sino de lo que corresponde a la ley, no se puede extorsionar a la Secretaría por recursos, sino ceñirnos al marco de la ley», aseveró la subsecretaría Vanessa Rubio durante una conferencia de prensa este domingo, en la cual se reiteró el proceso técnico de entrega de recursos federales extraordinarios a las entidades federativas.

La funcionaria expresó que la dependencia ha dejado claro cuáles son los recursos que corresponden por ley, pero también aseveró que aquellos dineros federales que «no corresponden no se pueden politizar». La SHCP es institucional y se rige conforma a las leyes aplicables, agregó la funcionaria.

El subsecretario de Egresos, Fernando Galindo, rechazó la interpretación “sesgada” del gobernador Corral sobre la entrega de recursos federales extraordinarios, y cuyo tema, dijo, es exclusivamente técnico, jurídico y financiero.

El funcionario reiteró que hubo recursos que no fueron entregados debido a que una cuenta bancaria, en la que se realizaría la transferencia, no estuvo disponible en diciembre pasado, y debido a una insuficiencia presupuestaria. Esos recursos ya no pueden ser entregados por la vigencia anual del presupuesto, explicó Galindo.

Indicó que la SHCP no ha condicionado la entrega de recursos al Gobierno de Chihuahua y aseguró que la dependencia ha cumplido con los ciudadanos de esa entidad.

El subsecretario Galindo aseguró que en 2017 la SHCP transfirió a Chihuahua, en tiempo y forma, “todos los recursos que por ley le correspondían, y detalló la entrega de 43 mil 56 millones de pesos por concepto de participaciones y aportaciones federales, un monto superior en 2 mil millones al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Incluso, agregó, para 2018 el gobierno de aquella entidad recibirá 3 mil millones de pesos adicionales a los de 2017.

Reiteró que la entrega de los recursos fue vigilada por la Comisión Permanente de funcionarios fiscales, integrada por los secretarios de Finanzas de los estados, y cuya presidencia validó la transferencia de dichos recursos.

Galindo mencionó que los recursos a los que se refiere el gobernador Corral, que acusa no haberlos recibido, se refieren a recursos extraordinarios solicitados al gobierno federal y a proyectos etiquetados en el presupuesto de Egresos de la Federación.

 

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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