El encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, rechazó que la dependencia actúe conforme a los tiempos electorales en las investigaciones contra los exgobernadores acusados de corrupción.

En las indagatorias que encabeza la PGR, dijo, los trabajos son exhaustivos, se analizan las pruebas y se integran los expedientes conforme a derecho para solicitar una extradición, como la que se alista contra el exmandatario de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
Prueba de ello, agregó, es la solidez con que fueron elaborados los expedientes contra exgobernadores como Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, quienes ya fueron vinculados a proceso y los jueces decretaron la prisión preventiva para ambos.

En entrevista radiofónica, recuperada por la agencia Notimex, el encargado de despacho en la PGR confirmó que cuentan con 11 causas penales contra Duarte Jáquez, de las cuales en tres casos ya tiene los expedientes listos para solicitar en los próximos días la extradición del exmandatario, dos del fuero común integradas por la Fiscalía General del estado de Chihuahua, y una federal, que lleva la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Elías Beltrán explicó que en ninguno de los tres casos se trata de delitos graves, por lo que se tienen que analizar muy bien las pruebas para evitar que la extradición que se solicite se retrase.

Ayer, en conferencia de prensa, el funcionario federal reveló que ya se conoce en qué país se encuentra oculto César Duarte, sin embargo, omitió darlo a conocer para observar el debido proceso y evitar que se evada de la justicia.

En su edición 2147 del pasado 24 de diciembre, la revista Proceso difundió un reportaje en el que destaca que desde el pasado 23 de junio, el exgobernador priista de Chihuahua, acusado de delitos electorales, está prófugo, y el principal obstáculo para detenerlo ha sido la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, encabezada hasta octubre pasado por el actual encargado de despacho de la institución, Alberto Elías Beltrán.

Precisa que a pesar de que la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) pudo armar un expediente sólido y girar las órdenes de aprehensión contra Duarte y seis funcionarios más de su gobierno –por peculado electoral y por haber desviado hacia el PRI aportaciones de los trabajadores por 79 millones de pesos–, la subprocuraduría no ha emitido la solicitud de extradición.

El pasado 12 de septiembre, destaca, el entonces titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, le pidió a Elías Beltrán que solicitara la extradición de Duarte. No lo hizo. Tampoco hizo caso a las 10 denuncias presentadas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que acusan a Duarte, entre otros delitos, del desvío de mil 200 millones de pesos y recientemente por el de 250 millones de pesos, mediante la triangulación de fondos públicos recibidos por la Secretaría de Hacienda, cuando la encabezaba Luis Videgaray, y destinados a la dirigencia nacional del PRI, con Manlio Fabio Beltrones como presidente del tricolor.

En el expediente de la FEPADE –al cual tuvo acceso este semanario– sobre el desvío de 79 millones de pesos de los descuentos de nómina a burócratas aparecen algunos de los mismos funcionarios de Duarte que actualmente están vinculados a la trama de los 250 millones de pesos desviados mediante una red de empresas fantasma vinculadas con el hijo de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, secretario general del CEN del PRI en 2016.

La carpeta de investigación FEP/FEPADE/UNAI-CHIH/0002259/2016, iniciada en diciembre de 2016 a raíz de la denuncia presentada por Rocío Estefany Olmos Loya, secretaria de la Función Pública del gobierno panista de Javier Corral, señala como imputados al exgobernador César Duarte, al exsecretario estatal de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral; al exdirector de Egresos, Jesús Olivas Arzate; al exdirector general de Administración, Gerardo Villegas Madriles; al exdirector de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda estatal, Adrián Dozal Dozal; y al director de Pagos de la misma dependencia, Miguel Ángel Mezquitic Aguirre.

Además de estos seis funcionarios estatales se imputa a otros tres dirigentes priistas: Pedro Mauli Romero Chávez, exsecretario de Finanzas y Administración del PRI chihuahuense; Diana Karina Velázquez Ramírez, exdiputada federal; y Yoi Sayto Meraz.

El pasado 27 de junio, el juez de control vinculó a proceso al duartista exsecretario de Hacienda, al exdirector de Control y Programación de Pagos de la dependencia estatal, al exdirector de Egresos y al exsecretario de Finanzas del PRI estatal. Se volvió a solicitar la orden de aprehensión contra César Duarte, misma que se otorgó el 30 de junio de 2017.

Fuente: Proceso