Chihuahua .-Se dará atención médica y psicológica gratuita y medidas de protección reforzadas para víctimas y sus hijas e hijos en casos de violencia familiar o sexual, y se creará un protocolo obligatorio para prevenir y atender casos de abuso sexual en el transporte público.

Con la finalidad de fortalecer la prevención y atención de la violencia sexual y ampliar las medidas de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes, el Congreso de Chihuahua en Sesión reformó las leyes estatales del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Movilidad, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Víctimas.

Las adecuaciones referidas se realizaron dado a una serie de iniciativas relacionadas a la protección de la dignidad humana, la defensa de la infancia y la erradicación del abuso sexual y las violencias contra las mujeres, señaló la diputada Irlanda Márquez Nolasco, presidente de la Comisión de Igualdad Sustantiva.

Con los ajustes realizados, se busca avanzar hacia un marco jurídico más articulado, mediante disposiciones que refuercen la prevención, detección oportuna, atención integral y protección de las víctimas, bajo un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y debida diligencia.

Dentro de las modificaciones se estableció que la asistencia médica y psicológica gratuita para atender las consecuencias de la violencia se extienda, en casos de violencia familiar o sexual, a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la patria potestad, guarda, custodia o cuidado de la víctima.

Se incorporó el derecho a recibir una atención digna, oportuna y libre de revictimización, además de establecer la obligación de brindar traslado seguro a la víctima y, cuando corresponda, a sus hijas e hijos, hasta que se determine la medida de protección correspondiente.

Asimismo, las autoridades deberán actualizar los protocolos estatales de prevención, detección, atención e intervención en casos de violencia, de conformidad con los instrumentos nacionales aplicables.

En materia de movilidad y seguridad vial, se incorpora la protección prioritaria de mujeres, niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia sexual en los servicios de transporte público, para lo cual se establecieron acciones de prevención, campañas informativas, difusión de canales de denuncia y mecanismos institucionales de atención a víctimas.

Además, se crea el Protocolo Estatal de Actuación ante casos de abuso sexual en el transporte público, en el que se establecerán los criterios mínimos de prevención, atención y coordinación interinstitucional.

El protocolo tendrá establecidos una serie de criterios mínimos de prevención, atención y coordinación interinstitucional, mientras que las personas operadoras del transporte deberán recibir capacitación periódica en materia de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencia sexual, violencia contra mujeres y protección de niñas, niños y adolescentes.

Dentro de las reformas a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua se plantea que la Política Estatal deberá integrar acciones específicas para prevenir el abuso sexual en entornos laborales, escolares, comunitarios e institucionales, priorizando la seguridad de mujeres, niñas y adolescentes e incorporando mecanismos de denuncia, acompañamiento y canalización en los programas públicos correspondientes.

Asimismo, se deberán implementar diagnósticos y acciones institucionales para prevenir el abuso sexual, además de fortalecer la capacitación del personal en perspectiva de género, prevención y actuación institucional inmediata.

En cuanto a la Ley de Víctimas, se incorporaró el concepto de deberes reforzados de protección del Estado, mediante el cual las autoridades deberán adoptar acciones para salvaguardar la vida, integridad, libertad, seguridad, bienestar físico y mental, dignidad y autonomía de las víctimas.

Con estas adecuaciones se busca fortalecer el marco jurídico para garantizar a mujeres, niñas, niños y adolescentes una vida libre de violencia, así como una atención integral, digna y libre de revictimización, a través de la coordinación institucional y mecanismos de atención y protección.