El 1 de noviembre de 2026, el juez federal Luis Benítez Alcántara fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Colombia, en una operación coordinada por el FBI. Esta captura ha puesto de manifiesto la atención que la justicia estadounidense está prestando a personajes relacionados con la delincuencia organizada, superando en algunos aspectos la labor de las autoridades mexicanas, en particular la Fiscalía General de la República (FGR).

Según el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía de Colombia, la detención de Benítez fue resultado de un seguimiento de inteligencia ordenado por el FBI. Las investigaciones apuntan a que su presencia en Bogotá estaba relacionada con el fortalecimiento de vínculos con estructuras de narcotráfico.

El eje central de la investigación es una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que sostiene que Benítez recibió un soborno de 2 millones de dólares a cambio de ordenar la liberación en México de Andrew Clark, quien es el segundo al mando de la red criminal del exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los principales distribuidores de drogas en Estados Unidos. Este soborno, del que las autoridades mexicanas no tenían conocimiento, podría haber sido revelado por Wedding y Clark en colaboración con la justicia estadounidense.

Durante su tiempo como juez de Distrito en el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, ubicado en el Reclusorio Sur, Benítez Alcántara estuvo a cargo de varios procesos penales de alto impacto dentro del sistema penal acusatorio. Ante los antecedentes del juez, se sugiere que estos casos también sean objeto de revisión.

La detención de Benítez resalta la necesidad de una mayor coordinación entre las autoridades de México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción dentro del sistema judicial.