La Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que busca regular los precios de las rentas en la Ciudad de México, podría tener efectos adversos, generando un aumento en los costos de vivienda y el desplazamiento de personas que no pueden afrontar estos gastos. Expertos en el tema advierten que la normativa, que pretende limitar el incremento de las rentas al ritmo de la inflación, no considera factores como los costos de mantenimiento, que pueden superar dicho crecimiento.

Carlos Valladares, director general de la Asociación de Vivienda en Renta (AVER), señaló que la imposibilidad de ajustar los precios de las rentas al cambiar de inquilino afectará de manera permanente los ingresos de los propietarios. Además, el registro digital de contratos y las multas de hasta 46,000 pesos para quienes incumplan la ley, propuestas por el gobierno de la Ciudad de México, podrían llevar a los propietarios a fijar precios iniciales más altos en el mercado.

“¿Quiénes serán los primeros que van a obtener esas viviendas en renta? Pues las personas con mayor capacidad económica”, explicó Valladares, quien advirtió que propiedades que antes se alquilaban por 5,000 pesos podrían salir al mercado por 10,000, desplazando a los inquilinos que la ley busca proteger.

César Mendoza, gerente comercial de Inmuebles24, también destacó que la ley impactará en el corto plazo, ya que los propietarios probablemente aumentarán el precio de salida inicial de los nuevos contratos para cubrir costos adicionales. Según Mendoza, si antes el incremento era del 3%, ahora podría llegar al 7%.

La AVER subrayó que la ley podría desincentivar las inversiones en vivienda, ya que los desarrolladores podrían encontrar más atractivo invertir en instrumentos como los Cetes, que ofrecen mayor seguridad. Aunque se reconoce la buena intención de la ley, se enfatiza la necesidad de una aplicación y regulación adecuadas para evitar abusos en los precios.

“No solamente es fijar los precios de renta, sino asegurar que también se hace un esfuerzo, una inversión importante en generación de oferta que sea asequible”, añadió Mendoza.

Entre las propuestas de la AVER se encuentra la posibilidad de mantener el tope de la inflación si el inquilino permanece en el inmueble, pero liberar la negociación de precios con cada nuevo arrendatario.

Un problema fundamental es que el desarrollo de vivienda enfrenta retos significativos, como la lentitud en los trámites de permisos y licencias, que actualmente tardan entre 3 y 6 años. Esto es crítico en un contexto donde el déficit de vivienda en la Ciudad de México asciende a 700,000 unidades.

Valladares sugirió que liberar las alturas y densidades en avenidas principales podría contribuir a mejorar el déficit habitacional, acercando a la población a los centros de trabajo y esparcimiento.

Finalmente, se ha observado una desaceleración en el incremento de los precios de venta y renta en la Ciudad, con aumentos significativos en corredores como Reforma y Condesa, donde se registran incrementos del 4% y 22%, respectivamente.