La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que Guillermo Arturo Zuany Portillo, exvicefiscal de Chihuahua, está vinculado con actos de corrupción y delincuencia organizada, antes de establecer contactos con agencias de seguridad de Estados Unidos. Durante su conferencia matutina del 13 de noviembre, Sheinbaum fue cuestionada sobre un artículo de The New York Times que indica que Zuany se encuentra en territorio estadounidense bajo protección de autoridades de ese país. Aunque no confirmó esta información, destacó que el gabinete de seguridad tiene antecedentes sobre el exfuncionario y su colaboración con agencias estadounidenses.

La mandataria subrayó la importancia de revisar públicamente el caso debido a sus implicaciones en la relación bilateral y la soberanía de México. “Es muy relevante cómo es que esta persona, vinculada en su momento con actos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada, se acerca a las agencias de Estados Unidos”, afirmó. Sin embargo, no proporcionó detalles específicos ni documentos que respalden sus afirmaciones.

Sheinbaum solicitó al gabinete de seguridad un informe sobre la trayectoria de Zuany, sus contactos con autoridades estadounidenses y su paradero actual. La petición surge tras la publicación de reportes sobre la supuesta colaboración de Zuany con agencias estadounidenses, en medio de investigaciones sobre la actuación de agentes de Estados Unidos en Chihuahua.

Al ser preguntada directamente si Zuany cuenta con protección estadounidense, la presidenta mantuvo la reserva y reiteró que el gabinete de seguridad debería informar al respecto. No se estableció una fecha para la presentación de este informe.

La mandataria también relacionó los antecedentes de Zuany con el proceso judicial contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, quien enfrenta acusaciones de traición a la patria por la actuación de agentes estadounidenses en México. Sheinbaum explicó que la Fiscalía General de la República informó al gabinete de seguridad sobre una modificación al artículo 40 constitucional, considerada por el Poder Judicial en este contexto.

Además, enfatizó que el gobierno estadounidense debe respetar la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional en sus actividades en México. A pesar de los señalamientos, Sheinbaum no considera que las revelaciones sobre Zuany generen un conflicto diplomático, ya que el asunto ha sido tratado con las autoridades estadounidenses.

Las declaraciones de la presidenta añaden un nuevo elemento al caso de Zuany, sugiriendo que el gobierno federal tiene conocimiento de sus presuntos vínculos con corrupción y delincuencia organizada antes de sus contactos con agencias estadounidenses. La situación plantea interrogantes sobre cómo se estableció esta relación y qué información poseían las autoridades de ambos países. Por el momento, la supuesta protección de Zuany en Estados Unidos no ha sido confirmada oficialmente por la Presidencia mexicana.