El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha exigido el endurecimiento del marco punitivo contra los delitos ambientales, tras la reciente afectación de más de 330 hectáreas de vegetación forestal en Quintana Roo. Esta situación fue revelada en un informe de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que documentó desmontes, apertura de caminos y obras sin autorización durante inspecciones realizadas del 20 al 29 de octubre. Como resultado de estas acciones, se llevaron a cabo 25 clausuras temporales en el ejido San Isidro Poniente, en el municipio de José María Morelos, así como sanciones en Cancún y en las cercanías de la Laguna de Bacalar.

El PVEM advirtió que la devastación de bosques y selvas no solo destruye hábitats, sino que también acelera la erosión de los suelos y disminuye su capacidad de captación hídrica. En este contexto, el partido subrayó la necesidad de que las clausuras y procedimientos administrativos se complementen con investigaciones penales y acciones de restauración ecológica, con el fin de establecer responsabilidades efectivas.

Desde septiembre de 2025, los legisladores del PVEM han impulsado una reforma al Código Penal Federal que busca elevar las sanciones tanto corporales como económicas para quienes causen daño ambiental. Esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2025 y ratificada con modificaciones el 22 de abril de 2026, y actualmente se encuentra a la espera de una resolución definitiva en el Senado de la República.

La propuesta contempla penas de uno a nueve años de prisión por el desmonte o destrucción de vegetación natural, así como de dos a diez años de cárcel por la tala ilegal de árboles, además de multas y agravantes específicos. El PVEM enfatizó que la conclusión de este proceso legislativo proporcionará a las autoridades herramientas legales más contundentes para perseguir delitos ambientales, inhibir la deforestación y proteger la biodiversidad y los servicios ambientales que benefician a las comunidades.