Un juez federal ha bloqueado temporalmente el cierre de un histórico campo de golf y parque en Washington DC, que estaba programado para el 15 de noviembre debido a renovaciones extensivas. La jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Ana Reyes, ha estado supervisando un desafío que se ha prolongado durante meses a los planes del presidente Donald Trump para el East Potomac Golf Links. Reyes determinó que Trump no puede cerrar el parque ni su campo de golf, aunque su administración no está obligada a gestionar activamente ninguno de los dos.

Trump, un entusiasta del golf, ha afirmado que sus planes para modernizar el campo de 106 años de antigüedad crearán “uno de los mejores y más espectaculares campos de golf en cualquier parte del mundo”. En octubre, el presidente se refirió al actual campo como “Trash Island” y anunció que sería renovado durante 15 meses para crear un espacio que “estará abierto al público y, al mismo tiempo, diseñado al más alto nivel de golf y capaz de albergar torneos de clase mundial”, a pesar de la litigación en curso.

En una decisión de 30 páginas emitida el sábado, Reyes argumentó que las justificaciones de la administración Trump para el cierre propuesto del campo eran pretextuales y que el gobierno había violado al menos dos leyes federales “para cumplir con un plazo arbitrario”. La jueza escribió que el cierre “va en contra del interés público en utilizar tierras de parques nacionales” y añadió que el gobierno no había “identificado de manera plausible ningún daño que sufriría por una orden de restricción temporal que preserve el estado actual mientras se llevan a cabo más procedimientos”. Su orden se mantendrá vigente hasta el 28 de noviembre.

Una coalición de grupos de defensa y legales que se oponen al cierre y la renovación expresó su gratitud por la decisión del tribunal, que detiene al gobierno de cerrar ilegalmente el East Potomac Park y privar a la gente de este valioso espacio recreativo e histórico. “Nuestras leyes impiden que esta administración actúe sin un proceso justo y público, y la orden de hoy evitará que el gobierno ignore esas leyes”, afirmó la coalición, que incluye a Democracy Forward y el Democracy Defenders Fund.

La disputa legal se remonta a febrero, cuando la DC Preservation League y otros demandaron por los planes de remodelación del parque. El campo histórico, ubicado a dos millas al sur de la Casa Blanca, es uno de los tres campos públicos administrados por el Servicio de Parques Nacionales (NPS) en la capital del país. La lucha legal se intensificó en octubre, cuando el NPS comenzó a talar cientos de árboles sin notificar a Reyes hasta 15 horas antes de que comenzara el trabajo.

Tras la tala de los árboles, Reyes ordenó a la administración Trump que detuviera la remoción de árboles hasta al menos el 26 de octubre y que le diera tres días hábiles de aviso sobre cualquier otro cambio permanente. A pesar de la suspensión del trabajo, Trump anunció que el campo cerraría durante 15 meses a partir del 15 de noviembre para llevar a cabo las renovaciones, compartiendo además un diseño del rediseño del campo.

Reyes también ha abierto una investigación sobre si los abogados del departamento de justicia hicieron “representaciones falsas ante el tribunal y violaron reglas éticas”. Esto incluye si la notificación tardía al tribunal sobre los planes de renovación se realizó “de mala fe” y si los abogados no corrigieron declaraciones falsas previas o retuvieron información. La jueza llevará a cabo la investigación con un maestro especial, una tercera parte independiente.