México

Impacto del fentanilo en cultivos de amapola en México

La superficie dedicada al cultivo ilegal de amapola en México ha disminuido cerca del 60 por ciento en solo dos ciclos agrícolas, debido a la transformación del mercado internacional de drogas y al aumento en la demanda de fentanilo, un opioide sintético que ha reemplazado parte de la necesidad de heroína en Estados Unidos. Según el sexto informe de monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en colaboración con el gobierno mexicano, las hectáreas sembradas pasaron de 24 mil 100 en el periodo 2019-2020 a 9 mil 790 en el ciclo 2021-2022.

El informe detalla que la reducción ha sido continua. En el ciclo 2020-2021, se identificaron 16 mil 184 hectáreas, lo que representa una disminución del 33 por ciento respecto al ciclo anterior. En el siguiente periodo, la caída fue aún más pronunciada, alcanzando un 40 por ciento. Sin embargo, esta contracción en los sembradíos no indica el fin de la producción ilegal de opio, ya que las organizaciones criminales continúan operando en regiones montañosas donde históricamente se ha cultivado esta planta, especialmente en Guerrero y en el Triángulo Dorado, que abarca Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Uno de los hallazgos más significativos del estudio es la reducción en la capacidad de producción de goma de opio, la materia prima para la elaboración de heroína. Las estimaciones de la UNODC indican que México pasó de una producción potencial de 504 toneladas métricas de goma de opio seco en 2019-2020 a 288 toneladas en el ciclo siguiente. Para 2021-2022, la producción se redujo a 165.5 toneladas, lo que equivale a una disminución aproximada del 67 por ciento.

Esta tendencia se alinea con los cambios en el mercado de estupefacientes en Norteamérica, donde los opioides sintéticos, como el fentanilo, han alterado las estructuras de producción, distribución y comercialización de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

México

Familia exige aclaraciones sobre pensión de profesor fallecido en Veracruz

15 de noviembre de 2026 – 02:31 Hrs. La familia de Raúl Cisneros Valdivia, un profesor que falleció sin recibir la pensión por invalidez que reclamó durante años, exige al gobierno de Veracruz y a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) que aclaren la situación de los recursos correspondientes a sus dos plazas, las cuales permanecieron vigentes hasta octubre de 2024. A pesar de que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) dejó de registrar aportaciones desde julio de 2019, la familia sostiene que el profesor dejó de recibir su salario desde 2020, aunque su baja del servicio activo está fechada hasta el 31 de octubre de 2024.

Documentos presentados por sus familiares indican que la última cotización ante el IPE se registró el 10 de julio de 2019. Cisneros Valdivia dedicó más de 40 años al servicio educativo en Veracruz, desempeñándose como docente, supervisor escolar y apoyo técnico pedagógico, y contaba con 43 años de aportaciones reconocidas. En 2017, sufrió un infarto que lo llevó a ser dictaminado como no apto para continuar trabajando. Tras cumplir con el periodo de incapacidades, en noviembre de 2019, presentó la documentación necesaria para tramitar su retiro por invalidez, pero la pensión nunca fue otorgada.

La familia ha denunciado que en 2020 se le registraron faltas injustificadas a pesar de contar con incapacidades y un dictamen médico que lo respaldaba. Posteriormente, le suspendieron el salario, lo que generó un largo proceso de gestiones entre la SEV, el sindicato y el IPE.

La Ley 287 establece que la pensión por invalidez es una de las prestaciones del sistema, otorgada a trabajadores que se encuentren inhabilitados física o mentalmente por causas ajenas a su empleo, siempre que hayan realizado al menos tres años de aportaciones continuas.

Cisneros Valdivia falleció sin recibir la pensión y sin conocer el destino de los recursos que le correspondían. Sus familiares afirman que su muerte fue consecuencia de la tristeza y la impotencia, ya que, a pesar de su grave estado de salud, las autoridades y su sindicato, la Sección 56 del SNTE, no atendieron sus solicitudes de corrección en su situación laboral.